"Era normal". "No sabía lo que firmaba". "Era la costumbre". Estas fueron algunas de las respuestas del ordenanza subalterno del Ayuntamiento de Arrecife Francisco Saavedra López durante la celebración de la quinta sesión del juicio por el cobro de comisiones ilegales en materia de contratación pública en el consistorio capitalino entre los años 2007 y 2009. El subalterno reconoció que firmó todas las facturas y propuestas de gastos de la concejalía de Barrios, a manos del PIL, sin revisar que los trabajos estaban hechos y a sabiendas de que tenían que ser los técnicos municipales los encargados de realizar esos trámites.

"¿No sabía que firmar una factura significaba que está de acuerdo con que el trabajo que se ha hecho?", le preguntó el fiscal Javier Ródenas. "No lo sabía, pensé que era un mero trámite", confesó el subalterno que justificó sus actuaciones porque "era la costumbre" en el Ayuntamiento y después de que la concejal del PIL, Luisa Blanco le pidiese que "echara una mano" al área de Barrios en manos de Antonio Machín, al que el fiscal acusa de cobrar comisiones junto al otro edil del PIL, Ubaldo Becerra. Mientras Becerra ha reconocido el delito de cohecho, Machín mantiene su inocencia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía para la ejecución de "este ilícito sistema de contratación los acusados concejales Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez (fallecido durante el proceso pero que reconoció que cobró comisiones), Antonio Machín, el interventor Carlos Saénz (que también ha confesado que pagaba facturas a los ediles del PIL sin fiscalizar) y la jefa del departamento de contratación Elena Martín (hija de Dimas Martín) se valieron a propósito de personal auxiliar del Ayuntamiento de Arrecife, quienes a petición expresa de los concejales acusados, rellenaban con su firma y sin conocimiento alguno del concierto previo y de la exigencia de las comisiones ilegales, como si fuesen técnicos del departamento de contratación".

La fiscalía mantiene que se utilizaron "a conciencia auxiliares administrativos de escasa formación con los que convalidar las firmas en la apariencia de legalidad de la contratación". Además, añade que "sólo era una operación de maquillaje, de representar un cumplimiento de los trámites legales, cuando lo cierto era que se procedió a usar dicho personal auxiliar precisamente para no hacer efectivo el control del gasto público y la observancia de las formalidades esenciales de la normativa de la contratación del sector público que debía realizarse".

Para el ministerio público en el Ayuntamiento de Arrecife "se procedió de manera rituaria a requerir de firma a personal que jamás inspeccionó, visitó, recepcionó, controló las partidas de obra y gasto público que seejecutaban por los acusados ".

Ante la sala de la sección sexta de la Audiencia Provincial, Saavedra dijo que en una de las ocasiones en la que le pareció excesivo el montante de la factura que debía firmar se dirigió al interventor para ver si podía firmarla. "¿Está firmada por mí?, pues entonces sí", le comunicó el interventor para tranquilizarle. En un momento dado, el ordenanza confesó que estaba cansado de hacer tanto trabajo superior a su categoría profesional, por los que además "no me pagaba", apuntó. El funcionario reconoció que no tenía ninguna formación como técnico a pesar de las decenas de facturas que firmó hasta que estalló el caso Unión. "Ahora ya lo sé", afirmó.

La Fiscalía refleja en su escrito de acusación que los expedientes administrativos " fueron concebidos como vehículo fraudulento para lograr la finalidad de la trama delictiva y produciendo -de paso- un quebranto económico a la corporación municipal y si bien constan las firmas de estos "técnicos" en las facturas apócrifas, éstos, ni estaban al corriente del plan defraudatorio instaurado, ni del concierto previo existente entre empresarios adjudicatarios y cargos públicos".