El fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín reconoció ayer que recomendó el bloqueo del pago de la deuda del Ayuntamiento de Arrecife al empresario José Castellano, aunque fue solo por el monto de 260.000 euros y que no lo hizo para lucrarse, sino por "vocación política".
En la última sesión del juicio por el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife celebrada ayer en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, dentro del caso Unión, Martín que utilizó su derecho a la última palabra, alegó que prohibió el pago de las facturas del empresario José Castellano debido a que estaban "infladas" y debían ser revisadas exhaustivamente.
"No creo que la limpieza de una nave cueste 4.000 euros, había que revisar cada factura y por lo visto nadie se ocupaba de ello", aseveró Martín. "Confieso que si hubiese sabido lo del millón también habría dicho que no le pagaran", destacó.
Igualmente, afirmó que el fiscal de la causa, Javier Ródenas, se ha comportado un "poco agresivo y nada cariñoso" con él. Destacando que tenía los pliegos del contrato del servicio de basuras, Urbaser en su celda porque eran de dominio público desde el año 2002 y "quería ver qué mejoras debían realizarse".
"Mi vocación es la política, me podrán acusar de lo que quieran, pero nadie podrá demostrar que cometí esos delitos", aseguró. Con respecto a la lista de trabajadores que les "exigían a los empresarios contratar", Dimas afirmó que solo recomendó "que les hicieran contrato a tres personas, entre ellos a un pobre negrito".
En cuanto a la falsificación del contrato para que este pudiese optar por el tercer grado, Dimas relató que su "amigo" el empresario Juan Francisco Rosa, lo contrató una vez que se le aprobó ese beneficio penitenciario y no antes. "Cuando te aprueban el tercer grado, te dan un tiempo para que puedas presentar un contrato y fue lo que hice", dijo.
El líder del PIL hizo énfasis en una "hoja" que fue hallada en su celda y que la Fiscalía "quiso usar en su contra", donde dice "coordinación por parte de Castellano", por lo que reseñó que es un documento que data del 2003 y que, ante "un proceso donde se pide unas condenas tan fuertes, no pueden ponerse piedras en el camino", sentenció.
En cuanto a la contabilidad del PIL, indicó que la única persona que realizó ingresos en el año 2007 fue Antonio (Antón) Hernández "porque además de ser el presidente del partido era un empresario". También aseguró que la contabilidad que tenía en sus manos era la oficial y no la que tenía la acusación.
Además, Martín destacó que ninguna de sus condenas le prohibieron asesorar al partido político, por ello continuó haciéndolo aún desde prisión. "El que habló de comisiones fue Antón no yo. El fiscal ha dirigido su escrito en mi contra para salvar a Antonio y porque se arriesgaba a recibir información sobre otro fiscal", expresó.
Por su parte, Elena Martín, aseguró que ha sido juzgada únicamente por ser la hija de Dimas Martín. "Me siento desamparada por el ministerio fiscal, le importa más una condena que la verdad", aseguró. Además, afirmó que no era la jefa de contrataciones en el Ayuntamiento, sino técnico y alegó que no declaró en 2014 porque padecía un cáncer que le había sido diagnosticado.
