La capital aprueba el pago de 2.466 facturas pendientes por casi 6,5 millones

La mayoría de las cuentas sin abonar es de un solo proveedor, Canal Gestión Lanzarote, la empresa que se encarga de la producción, distribución y reutilización del agua en la Isla y en La Graciosa. En total, el consistorio debe a Canal Gestión Lanzarote, 1.547 facturas conveniadas que suman 536.224,57 euros. Sin embargo, también hay adeudos por cantidades mucho menores, como dos de 10,30 euros cada uno a Telefónica Servicios Móviles del departamento de Informática del consistorio del pasado año, 10,70 euros de 2016 y cuatro facturas más por el mismo importe y a la misma mercantil de telefonía en 2017 y el año siguiente. Los 22,86 euros que Arrecife no ha pagado al Registro de la Propiedad por un adeudo de Tesorería de 2017, los 48,15 euros al negocio de restauración El Modisquito por parte de Sanidad en 2018 y los 96,32 euros que el Parque Móvil no ha satisfecho a la aseguradora Mapfre, pendientes desde 2016, son otros de los casi 2.500 apuntes sin abonar por parte del consistorio.

La relación de servicios y productos pendientes de cobro son muy variados. Desde asistencias jurídicas, a viajes y estancias en hoteles, promoción turística, centros turísticos del Cabildo, actividades culturales, asociaciones de mayores, hasta prestaciones de grúas, compras en ferreterías, aluminios, publicidad en medios de comunicación y subvenciones a murgas y asociaciones de enfermos, entre otros beneficiarios.

La concejala de Economía y Hacienda, Cristina Duque, explicó ante las críticas de la oposición por la urgencia de la sesión plenaria sin tener confirmación de que todos los ediles nacionalistas hayan recibido la notificación de la convocatoria en tiempo y forma, por lo que no descartan emprender acciones judiciales, y la falta de tiempo para estudiar toda la documentación al respecto, que la celebración del pleno de carácter extraordinario y urgente se debió "a la premura de los plazos para la aprobación del expediente extrajudicial de las facturas, toda vez que la misma se debe realizar antes del próximo 31 de diciembre" y, además, al hecho de que la modificación presupuestaria para el suplemento de crédito debe estar en exposición pública 15 días.

El interventor municipal, Francisco Javier Escalona, recordó que "en la liquidación del presupuesto hay un remanente de tesorería suficiente para hacer frente a este remanente de crédito, que desaparecerá el 31 de diciembre". Dijo también que "estamos haciendo una operación quirúrgica de riesgo para el Ayuntamiento y hay que hacer una cicatriz, que consiste en saltarnos el principio de estabilidad. Y no puede ser de otra manera, puesto que partimos de un presupuesto de 42 millones de euros y lo incrementamos en 6,5 millones, lo que produce una desestabilidad presupuestaria que tiene tres vías de salida: la aprobación de un plan económico financiero; la no disponibilidad de créditos en el presupuesto de 2020 por el mismo importe por el que se produce el desequilibrio; y si no se adopta ninguna de las dos medidas anteriores, estaría la posibilidad de el Ministerio disolviera la corporación, cosa que no ocurre nunca, y tomara la batuta financiera de esta administración".

La oposición comparte la necesidad de pagar las facturas, pero se queja de que no ha podido estudiar el expediente por su complejidad en tan poco tiempo y ni siquiera saber si las mismas se ajustan a servicios prestados.