La heredera de una parte de los terrenos sobre los que se ejecutó desde el año 2003 la mayor parte de las instalaciones del macrocomplejo Stratvs sin contar con el permiso de sus legítimos propietarios, Olga María Ramos de Páiz, declaró ayer en calidad de testigo en el juicio ante la Sexción Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la construcción de la bodega que ella y sus tres hijos se enteraron "muy tarde, cuando las obras estaban avanzadas y casi terminadas", de la ocupación del suelo de su propiedad en contra de su voluntad. "Nosotros no pasábamos casi por allí y además había obras en la carretera de La Geria y estaba cortada. Él [en referencia al empresario Juan Francisco Rosa] pudo hacer todo eso sin que nadie se enterara".
El marido de Ramos, José Negrín Armas, era dueño de una dieciochoava parte de la finca, que al fallecer, hace ya casi treinta años, pasó a su viuda y a sus tres hijos. Negrín era hermano de Aureliano y Domingo, propietarios también de otras partes de la finca.
Los herederos de José Negrín se enteraron por un primo de este, Rafael Cabrera Díaz, de la existencia de las obras en su terreno.
En 2008 una hija de Ramos envió un requerimiento notarial al arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, familiar lejano de los Negrín, propietario de otra parte del suelo y uno de los principales acusados en esta causa junto a Rosa, para "solucionar el problema porque se habían apropiado de una propiedad nuestra", recordó Ramos. Sus hijos se pusieron en contacto al principio con "otros propietarios familiares y nadie dijo ni hizo nada, por lo que hubo que hacer el requerimiento".
La testigo explicó que "hubo muchas conversaciones con Miguel Ángel Armas, pero el que contestó al requerimiento fue Rosa y le dijo a mis hijos que no tenía dinero. Nosotros queríamos que nos comprara la parte de la que él se había apropiado y nos dijo que lo que podía hacer era meternos en la sociedad, pero nosotros no queríamos sino que nos pagara lo nuestro".
Según Ramos, Rosa "pudo haber solucionado las cosas fácilmente porque nosotros lo que queríamos era quitarnos de nuestra propiedad, que estaba en manos de él". Hasta 2018 no se pactó el precio. Fue en ese momento cuando Ramos y sus hijos se retiraron de la causa, en la que se personaron como acusación particular.
"Fue un sufrimiento grande. Fueron momentos que se alargaron en el tiempo. No queríamos aparecer constantemente en la prensa", lamentó Ramos, quien señaló también que ningún abogado quería hacerse cargo del caso porque "este señor tenía mucho poder. Es muy difícil ir en contra de este señor".
A preguntas de la abogada de la acusación particular, Irma Ferrer, letrada de Transparencia Urbanística, sobre si Rosa dio por saldada la deuda de la parte de la finca familiar que había usurpado al cubrir los gastos de la boda de una de sus hijas en la bodega, tal y como declaró el empresario en el juicio el pasado mes de enero, Ramos lo desmintió. "Eso es parte de las grandísimas mentiras que él ha ido contando por ahí. Mi hija nunca quiso casarse en Lanzarote y menos en esa bodega. De hecho, en 2006 tenía la iglesia buscada porque las bodas hay que hacerlas con muchísima antelación y se casó en 2008 en Gran Canaria. No hemos pisado la bodega para nada, ni siquiera de curiosa".
Por otro lado, a preguntas del abogado de Rosa sobre si le consta que el letrado Alejandro Rodríguez le comentó a su hijo que sería mejor esperar a acabar la obra para reclamarle a Rosa que le comprara la finca porque así tendría más valor, la heredera apuntó que no le consta. "Lo que sé es que todos los abogados ponían una disculpa para hacerse cargo de este asunto", recalcó.
Rosa aseveró en el juicio que había llegado a "un acuerdo verbal" con Domingo Negrín para construir en su suelo, pero finalmente adquirió su parte.
Otra de las testigos del juicio fue Rosa María Rosa Martín, prima del empresario y presidenta del Consejo de Administración del Hotel Princesa Yaiza S.L. en el momento de los hechos.Compareció en relación a un supuesto fraude a la Agencia Tributaria con un intercambio de fincas -una de las cuales con la titularidad estaba en entredicho- como garantía para pagar una deuda de 332.759 euros, incluidos los intereses, por el Impuesto de Sociedades del año 2006. Rosa Martín aclaró que en un principio se ofrecieron como garantía cinco fincas de la sociedad Hotel Princesa Yaiza, pero por desavenencias entre los socios, uno de ellos, Juan Francisco Rosa, propuso a través de la empresa BTL Lanzarote S.L. la supuesta finca en la que se inscribió la bodega tras un presunto cambio de titularidad. "No tengo ni idea si se hicieron alteraciones en la finca en la que se inscribió la bodega. Finalmente la deuda se pagó y no hubo falta presentar garantía", precisó Rosa María.
"Variación mínima de cotas"
E l que fuera jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo, participó en 2013 en la visita de comprobación e inspección de las instalaciones en funcionamiento y actividades que se estaban desarrollando en Stratvs, a raíz de que lo ordenara la entonces alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, tras su declaración judicial como investigada en la causa.
Lorenzo apuntó que lo que estaba autorizado en la licencia era la rehabilitación de una vivienda y un almacén bodega de 900 metros, pero no el restaurante. Al llegar a Stratvs solo pudo inspeccionar la tienda y el restaurante, pero no la bodega porque una llamada telefónica de Rosa lo impidió argumentando que el personal municipal no tenía autorización para ello. Mientras la Fiscalía considera que la casa, destinada a tienda, aumentó su superficie en un 46% pese a que tenía licencia solo para rehabilitación, Lorenzo entiende que "la variación de cotas era mínima, por lo que no era posible determinar si los muros se habían movido o no", según la planimetría consultada.
Lorenzo matizó que las Normas Subsidiarias de Yaiza de 1973, vigentes cuando se autorizó la bodega, y el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOT) de 1991 prohíben las industrias en La Geria, pero el primer planeamiento municipal, al igual que el actual, en vigor desde 2014, detallan que las bodegas ni los lagares se consideran industrias, por lo que sí se permiten.
El exjefe de la Oficina Técnica también se refirió a la "indefinición" existente sobre los movimientos de tierra, que no se pueden hacer en La Geria. "Si se autorizan obras de una bodega hay que hacer movimientos de tierra y para hacer una zanja y pasar un cable también", consideró.
Luis Castro, que fue auxiliar administrativo del Grupo Rosa durante 34 años, solicitó en 2005, según la Fiscalía, ante el Ayuntamiento de Yaiza, en nombre de Piedad del Río, mujer del arquitecto de la bodega, la prórroga y la transferencia de la licencia concedida en 1.999, a la entidad Juan Francisco Rosa e Hijos S.L. Sin embargo, Castro dijo que no conoce a Del Río y que Rosa le dio un sobre con documentación para que lo presentara en el consistorio "si vas a Yaiza".
Gerardo Cancio, vigilante del Consejo Insular de Aguas, relató como testigo que él acompañaba al técnico a hacer las inspecciones y que, "particularmente", no había hecho labores de vigilancia en el Barranco del Obispo, donde se construyó la bodega. Detalló que las órdenes a los vigilantes se las daba el entonces gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, investigado en la causa.
Por último, el gerente del Consejo Insular de Aguas desde 2015, Erik Martín, que trabajó con anterioridad en la empresa Inercia, que prestaba asistencia técnica a esa entidad pública del Cabildo, informó de que bodegas como Stratvs estaban obligadas al autocontrol de sus vertidos, que nunca recibió indicaciones para no informar sobre esas instalaciones y que cuando acuden a realizar un análisis de sistemas de tratamientos de aguas residuales se centran en el punto de vertido final, ya que "la primera decantación no se analiza".
El juicio continúa hoy con la declaración de siete testigos más.
