El exinterventor de Arrecife Carlos Francisco Sáenz Melero y los dos empresarios procesados en la tercera pieza del caso Montecarlo reconocieron ayer ante la Audiencia de Las Palmas que se apropiaron de 310.000 euros del Ayuntamiento, con una serie de operaciones por las que se les acusa de prevaricación, cohecho, malversación y falsedad.
En el juicio, por videoconferencia en las sedes de la Audiencia de Las Palmas y de los juzgados de Arrecife, el interventor y los empresarios José Vicente Montesinos y Javier Betancort, se mostraron disconformes con las condenas que solicita el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones en esta causa, con hechos de 2008 a 2012.
El único de los cuatro procesados que negó los cargos ha sido el abogado Federico Toledo Guadalupe, que se enfrenta a una solicitud de condena de cuatro años y diez meses de prisión por un delito de deslealtad profesional como asesor legal del Ayuntamiento. La pieza que se juzga es la última del "caso Montecarlo", un entramado de desvío de fondos de ayuntamientos de Lanzarote que implica a ediles, funcionarios y empresarios. Carlos Sáenz reconoce que él y el entonces concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, ya fallecido, "se valieron de las funciones públicas" para sustraer ilícitamente fondos municipales de Arrecife mediante el abono de facturas a Gestecal SL, Recingest SL y Progestril SL, de las que Montesinos era administrador.
Las facturas tenían "apariencia de legalidad mediante la adjudicación fraudulenta de contratos con dichas empresas y de una ficticia prestación de asesoramiento y colaboración con los servicios económicos municipales", según los hechos que han admitido.
Así mismo, han reconocido que el precio de los contratos se fijaba por debajo del límite máximo legal de 18.000 euros previsto en la norma de contratación pública para contratos menores.
Toledo Guadalupe defendió ayer su inocencia y explicó que en las dos procedimientos para los que se le contrató y que estaban relacionados con estos contratos ilícitos, actuó como letrado del Ayuntamiento y defendió los intereses de la corporación y ha negado que su intención fuera que los juzgados no le dieran la razón.
La defensa de Montesinos indicó que su cliente,ylos dos empresarios, llegaron a un acuerdo con las acusaciones y se ha conformado con una condena de tres años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos, otro de cohecho y uno de blanqueo de capitales. nAdemás, deberá pagar al Ayuntamiento 290.000 euros por responsabilidad civil.
El exinterventor ideó la trama para pagar contratos ficticios junto con su amigo y empresario Montesinos y con el edil de Hacienda José Miguel Rodríguez y le permitió apropiarse de fondos públicos.
