La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto una multa de 1.000 euros al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al considerar que actuó con “acreditada mala fe” intentando apartar del caso a la magistrada que debe juzgarlo por un delito de prevaricación en la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

En un durísimo auto dictado por la Sección Primera, los magistrados rechazan la recusación planteada por San Ginés y concluyen que lo que pretendía con esta “interesada acción” era “apartar de un asunto a una jueza que le resulta incómoda”. “Por tal motivo cuestiona su forma de proceder, tratando ahora de maquillar ese vano y fallido intento con una argumentación insostenible, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico”, añade el auto, que tacha de “desmedidas” e “injustificadas” sus acusaciones contra la magistrada.

El juicio por la incautación de la desaladora comenzó hace ya casi un año, en noviembre de 2020, pero se suspendió tras la primera jornada, a petición de la defensa de Pedro San Ginés. En ese momento, cuando ya se había celebrado un día de vista ante la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, y después de que ésta no estimara sus cuestiones previas, el abogado de San Ginés alegó que ése no era el órgano competente para juzgar la causa, sosteniendo que por la pena que se solicitaba debía haberse remitido a la Audiencia.

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