El Ayuntamiento de Arrecife ha remitido esta semana un requerimiento del área de Urbanismo del consistorio al Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y a la Autoridad Portuaria de Las Palmas mediante el cual les da un plazo de diez días para que presenten los permisos de la instalación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y el documento de cesión del suelo en el que se han colocado 20 carpas y tres contenedores en el solar ubicado en la trasera de la Comisaría Nacional de Policía, en las calles Escotilla y Timón.
La finalidad de los CATE, centros equipados con módulos de aseo, ducha, lavabos, inodoros, comedores y dormitorios compartidos, es recibir a los migrantes en las primeras horas de su llegada a la Isla, identificarlos y registrarlos y darles alimentos y atención médica. Su estancia en los mismos no puede ser superior a las 72 horas, tras lo cual deben ser derivados a otros centros e instituciones.
La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, advierte de que cumplirá con la legalidad urbanística y no hará “como otras administraciones que están mirando para otro lado por su servidumbre política”. Añade que “Urbanismo está haciendo lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que intentar dar legalidad a unas infraestructuras que vulneran tanto los derechos de los inmigrantes que llegan al municipio, como la de los trabajadores de la Policía Nacional y la seguridad jurídica de Arrecife”.
El solar es propiedad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el trámite de cesión del terreno no ha concluido. El pasado 11 de octubre el Consejo de Administración del ente portuario acordó iniciar el expediente para ceder a Interior el uso del suelo, un acuerdo que se adoptó "por unanimidad", ha recordado hoy la Autoridad Portuaria, cuyas fuentes han precisado que la alcaldesa de Arrecife asistió "vía telemática" a esa reunión y "asintió como el resto de miembros". Además, han aclarado que "las autoridades portuarias son propietarias de los terrenos, pero no de las actividades que se desarrollen en ellos ni de las gestiones que éstas pudieran conllevar con otras administraciones". Desconocen cuándo terminarán las gestiones para la cesión formal del suelo.
La entidad responsable de la instalación es la Dirección General de la Policía, organismo que puso de relieve "el carácter urgente de la compra de las casetas de campaña y el acuerdo del inicio de cesión gratuita que hace la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la Administración General del Estado de la parcela para su utilización por el Ministerio de Interior con destino a la ampliación de la Comisaría de la Policía Local de Arrecife", tal y como se expone en el expediente de restitución de Urbanismo". La empresa Equipos Móviles de Campaña ARPA S.A. comunicó a la Oficina Técnica del Ayuntamiento, en nombre de la Dirección General de la Policía, que llevaría a cabo la limpieza de los terrenos y la aportación de gravilla.
Protección Civil avisó al Ayuntamiento y la Policía Local de Arrecife que la zona, próxima a Puerto Naos, es susceptible de riesgo de inundaciones por lluvias, como ha ocurrido en otras ocasiones, por lo que no es el lugar más idóneo para acoger a los migrantes.
Incumplimientos
En el mismo se señala también que "no consta la solicitud de licencia para la implantación de la instalación" y se subraya que "la actuación incumple el artículo 330 de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales protegidos de Canarias, que establece que son actos sujetos a licencia la implantación de instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o subsuelo".
La parcela en cuestión se sitúa en la zona AN-5 del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Arrecife cuyos usos permitidos son los de talleres y pequeña industria, todos los de industria ligados a la actividad pesquera y náutico deportiva, almacenaje, club náutico, todos los de comercio, oficinas, hostelería, restauración y ocio y los de equipamiento, espacios libres, transporte, maniobras y manipulación de mercancías, logística e instalaciones técnicas portuarias", recoge el documento de Urbanismo. El mismo precisa que "la actividad que se desarrolla en un CATE es una actividad de equipamiento asistencial con alojamiento, por lo cual la misma resulta legalizable". En ese sentido, el restablecimiento de la legalidad infringida pasaría por presentar la licencia de implantación para uso de equipamiento social.
Entre las medidas provisionales en materia de restablecimiento de la legalidad urbanística figuran el precinto de obras, instalaciones o maquinarias, que es lo que ordenará la alcaldesa capitalina en caso de que la Dirección General de la Policía y la Autoridad Portuaria de Las Palmas no presenten la documentación solicitada por el Ayuntamiento. El consistorio ha dado un plazo de diez días a ambas entidades para que presenten las pruebas y alegaciones que consideren oportunas.
El CATE que existe en la actualidad es una nave industrial junto a la carretera entre Arrecife y San Bartolomé, en Argana Alta, y la misma, han denunciado diversas asociaciones, no reúne los requisitos para acoger a los migrantes "de una manera digna".
