El “encuentro del reencuentro” organizado por la asociación social y cultural para la mujer, Mararía, en su segunda jornada, centró el debate en la revisión urgente de la Ley contra la violencia de género, para que incluya la cobertura a las víctimas de explotación sexual y en la exigencia de la abolición de la prostitución, considerada “una forma de esclavitud normalizada y legitimada por el lobby del dinero, que también da cobertura al proxenetismo, a la trata de mujeres, al alquiler de vientres, al turismo sexual o a la industria de la pornografía”.

Sobre este asunto versó la intervención de la pedagoga, formadora de la Escuela Abolicionista Internacional y autora de la guía Callar no es una opción, Laura Pedernera, quien denunció “la impunidad de quienes se lucran del sistema prostitucional” y reclamó “el rescate de las supervivientes de la explotación sexual”.

La otra gran línea argumental de la mañana se refirió a los derechos humanos de las mujeres migrantes, quienes sufren una doble discriminación por género y por su condición de extranjeras. 

La abogada feminista y activista de la Asociación para el Desarrollo Integral, Nuria González, señaló también a la Ley contra la Violencia de Género que “requiere una revisión en profundidad” ya que protege a las víctimas en situación irregular solo cuando las agresiones provienen de sus parejas: “Denunciar una violación estando sin papeles puede acabar en deportación, por lo que la mayoría de los casos son silenciados”, criticó.

González cargó contra las corporaciones locales que todavía conculcan el derecho de las mujeres migrantes al empadronamiento, “un trámite que se dilata con excusas de todo tipo para evitar amparar a un colectivo que consideran que agotará los recursos sociales sin la contraprestación del voto”. Y recordó que, sin ese certificado, las mujeres en su situación se ven imposibilitadas para pedir cualquier ayuda de las instituciones, desde libros escolares al banco de alimentos.

Comunicaciones

La sección dedicada a las comunicaciones de oenegés contó con las intervenciones de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, Olga Barrera, quien puso en valor el trabajo en red y realizó un recorrido por los proyectos y programas con los que trabaja la entidad en las distintas islas, con el fin, entre otros, de que “el dinero del pacto de estado no acabe convertido en merchandising”.

La presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Ada Santana, demandó una agenda política específica para el tramo de edad de entre 16 y 30 años, al considerar que sus necesidades y demandas son sistemáticamente desatendidas: “Para nuestro colectivo sí hubo un retroceso en la Ley del Aborto, cuya reforma obliga a las mujeres de 16 y 17 años a disponer de permiso paterno o materno para interrumpir su embarazo”, recordó. Y aseguró que la convicción de que los derechos conquistados pueden desaparecer en cualquier momento ha sido un acicate para la movilización de las jóvenes.

La portavoz de la Asociación Por ti Mujer, Lucy Polo, calificó la política migratoria española de “acogida a cámara lenta” y dijo que “no puede haber integración en una sociedad que no te abre la puerta”. También denunció que “la nueva esclavitud es el servicio doméstico interno”, ámbito en el que trabaja la mayor parte de las mujeres extranjeras en España.

Tras la intervención de la vicepresidenta de la asociación Mararía, Carmen Delia Reyes, quien glosó la trayectoria, programas y retos de la entidad lanzaroteña, cerró la jornada Patricia Ponce de la Haurralde Fundazioe, entidad colaboradora en la organización de las Jornadas.

Ponce aportó los datos de observatorios de género, cuyos indicadores muestran el impacto de la violencia sobre las mujeres en todas sus manifestaciones, la feminización de la pobreza, los desplazamientos por crisis climáticas, protagonizados en su gran mayoría por este colectivo o las consecuencias sobre la salud femenina de la pandemia. 

Asimismo, se refirió a los objetivos de desarrollo sostenible como responsabilidad general de la humanidad. “Si las mujeres queremos protagonizar el cambio, debemos actuar desde nuestro entorno, además de exigir a los poderes públicos que den la talla ante este reto global”, añadió.

La sesión de clausura de las Jornadas de Voluntariado, Acción social y Derechos humanos se destinaron al trabajo colectivo en mesas de debate sobre el racismo, las violaciones de derechos humanos en mujeres migrantes, la abolición de la prostitución y los desafíos de los derechos humanos en la agenda 2030.

Sobre sus conclusiones se elaborará un documento político con destino a los departamentos de las administraciones públicas que trabajan en materia de igualdad.