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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Tribunales | Cuarto juicio por el ‘caso Montecarlo’

Los investigados culpan a Reguera y al interventor de las contrataciones

Los exconcejales afirman que firmaban las facturas sin comprobarlas ni leerlas porque se fiaban de los técnicos | Tres de esos técnicos no tienen cualificación

Víctor Sanginés, ayer, durante su declaración en el juicio | | JOSÉ LUIS CARRASCO / LA VOZ DE LANZAROTE

La declaración de todos los acusados en el juicio del caso Montecarlo concluyó ayer con un punto en común: todos niegan haber decidido que se contratara a las empresas Inelcon y Señalcon, que facturaron al Ayuntamiento de Arrecife 3,6 millones de euros entre los años 2008 y 2012, sin que se haya aclarado cómo se adjudicaban esos servicios, según informa el periódico digital La Voz de Lanzarote.

“Yo no intervenía en ningún procedimiento de contratación” ha sido la frase más repetida entre los cinco exconcejales y los cuatro técnicos que se sientan en el banquillo. La mayoría ha apuntado al alcalde, Cándido Reguera, que también estuvo imputado en la causa y falleció durante la instrucción, señalando que “no delegó” esas competencias. Así, han afirmado que ellos planteaban “una necesidad” o “ponían encima de la mesa de Alcaldía los distintos eventos que se tenían que realizar”, pero luego sus departamentos no se encargaban de contratar.

Así, tampoco ha quedado claro quién pedía presupuestos a esta empresa, ni por qué se le pedían solo a ella, ni por qué había distintas facturas por el mismo acto, ni por qué se recurriría a una empresa de electricidad no solo para servicios de iluminación, sino también para contratar un “cuerpo de bailarines”, para organizar “talleres infantiles” o para realizar un desfile con “batucada, gigantes y zancudos” en la calle Real.

Firmar sin leer ni comprobar

En cuanto a la firma posterior de las facturas, los exediles han coincidido en que las firmaban sin “comprobarlas” y hasta sin leerlas, en que no tenían formación en la materia y en que “se fiaban” de los técnicos de sus respectivos departamentos, que eran los que las rubricaban previamente. Respecto a esos técnicos, tres de los cuatro que están acusados declararon ayer que realmente no son técnicos. En el caso de José Nieves, que trabaja en Festejos, ha declarado que realmente es oficial en el Ayuntamiento. Por su parte, Miguel Ángel Leal es “animador sociocultural” (“por debajo de la categoría de oficial”, precisó, a preguntas de su abogado). En cuanto a Isidro Hernández, trabajaba como subalterno en el Consistorio. “Era peón. No era técnico”, dijo.

“¿Y estaba facultado para firmar documentos?”, le ha preguntado la fiscal. “No, no lo estaba, pero...”, ha respondido el acusado, que según la Fiscalía dio el visto bueno a pagos por valor de más de 58.000 euros. Como él, Miguel Ángel Leal y José Nieves firmaban facturas para certificar que el trabajo se había realizado. Todos han asegurado que sí lo comprobaban, porque “los eventos se realizaban”.

El alcalde, fallecido cuando se instruía el caso, no delegó las competencias para contratar, declaran

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Al igual que hizo el lunes la exconcejal de Hacienda Isabel Martinón (PNL), los cuatro exediles que declararon ayer -José Montelongo (PSOE), Alberto Morales (PSOE) y los exconcejales Eduardo Lasso (PIL) y Víctor San Ginés (PSOE)-, se refieron también al área de Compras como responsable de las contrataciones, junto a Alcaldía.

Así, señalaron a Carlos Sáenz, que además de ser interventor, ejerció como técnico en Compras. Sáenz fue el primero en declarar el lunes y confesó los delitos de prevaricación y malversación, admitiendo que como interventor había autorizado el pago de facturas que no eran legales, aunque no hizo referencia alguna a su participación en las contrataciones.

Advertencia de irregularidades

No obstante, durante una parte del periodo que se investiga hubo otra técnico al frente de Compras, Elena Martín, que no solo no se encargó de esas contrataciones que se siguieron produciendo, sino que llegó a emitir hasta seis informes advirtiendo de irregularidades en las facturas de Inelcon, antes de ser relevada de ese puesto por Cándido Reguera.

Esos informes afectan especialmente a dos de los investigados, que eran los que estaban en el gobierno cuando se emitieron, poco después del estallido del caso Unión en 2009. Se trata de la exconcejala de Hacienda Isabel Martinón -declaró el lunes y confirmó que leyó esos informes, pero que la única medida que adoptó fue hablarlo con el alcalde- y el que era en esa etapa concejal de Festejos Eduardo Lasso, que declaró ayer. Al responder a las preguntas de la fiscal, Lasso confirmó que recibió esos informes -en los que aparece su firma con el acuse de recibo-, pero aseguró que no los leyó. “Como firmaba muchos documentos que me ponían y como llevaba muchas concejalías, muchos de ellos no los miraba”, declaró, para después asegurar que no había recibido ninguna advertencia de que se estuvieran fraccionando contratos o de que se estaban adjudicando servicios que no tenían nada que ver con la iluminación a una empresa que no tenía ese objeto social.

“¿Le mandan un escrito, lo firma y lo recibe. ¿Qué más advertencia quiere?”, le cuestionó el magistrado Carlos Vielba. “Si no me decían verbalmente que eso lo tenía que leer, no lo leía”, afirmó. “Iba dirigido a la atención del concejal de Festejos. ¿Qué más quiere que le pongan?”, insistió Vielba.

Víctor Sanginés, que fue concejal de Festejos tras las elecciones de 2011, declaró que “nadie nunca me reparó, ni me objetó, ni me indicó que lo que estábamos haciendo no era correcto”. Sanginés insistió en que no se encargaba de la contratación, y que si después firmaba las facturas confirmando que el servicio se había prestado, era porque previamente lo había hecho “su técnico”, José Nieves.

En cuanto a las que firmó sin la rúbrica de este trabajador, declaró que en una etapa Nieves estaba de baja, por lo que la secretaria le indicó que podía poner solo su firma. “¿Decidió hacer de concejal y de técnico? ¿Comprobaría entonces que el servicio se había prestado?”, preguntó la fiscal. “Efectivamente”, respondió el exconcejal.

Sobre esas comprobaciones, ha señalado eran actos públicos de fiestas a los que él mismo asistía y en los que incluso participaba. «Tenía la absoluta seguridad de que el trabajo estaba realizado», ha asegurado, aunque aclarando que él no medía «los metros de cable» cuando se trataba de instalaciones eléctricas.

Y es que en lo que más insistió la fiscal en us intervención fue en preguntar quién se encargaba de verificar que todo lo incluido en el presupuesto y en la factura se había llevado realmente a cabo.

Más información en La Voz de Lanzarote.

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