La aprobación de la nueva Ley de Vivienda ayer en el Senado permitirá al Cabildo de Lanzarote iniciar los trámites para entregar las casas de Valterra a quienes han sido sus legítimos propietarios durante los últimos 70 años «de forma inminente, definitiva y con todas las garantías legales».
El texto aprobado por la Cámara alta, y en mayo en el Congreso de los Diputados, contiene una disposición adicional que concede la titularidad de estas viviendas al Cabildo de Lanzarote que podrá dar inicio al procedimiento para identificar a los propietarios de cada una de estas viviendas y proceder a otorgar las correspondientes escrituras de titularidad.
Esta circunstancia es posible gracias a un acuerdo impulsado por el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, entre el Instituto Social de la Marina y el Cabildo de Lanzarote, que ha tenido que asumir las competencias encomendadas inicialmente al Ayuntamiento de Arrecife tras el bloqueo sufrido con la llegada de Ástrid Pérez a la Alcaldía, según informa el Cabildo en una nota de prensa en su recordatorio del caso.
La presidenta del Cabildo de Lanzarote ha adelantado que la corporación insular pondrá «todos sus recursos» al servicio de los afectados: «vamos a abrir una oficina de asesoramiento con la que queremos ayudar a resolver las dudas e interrogantes que puedan surgir en la tramitación de unos expedientes que hacen justicia con estas personas».
En la misma línea se ha expresado el senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, que al término de la sesión en el Senado se ha mostrado «muy feliz» por haber contribuido a desbloquear una situación «que debería sonrojar y avergonzar a más de un representante público del Partido Popular».
Fajardo ha querido agradecer, además, «el trabajo, la predisposición y la colaboración del Instituto Social de la Marina y del Cabildo de Lanzarote para cumplir con un compromiso adquirido por el Partido Socialista en el año 2019».
Valterra cuenta con 200 viviendas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina, con la participación de distintas conserveras, para uso de los trabajadores relacionados con la pesca como viviendas de protección oficial.
Sin embargo, mientras el Estado entregó 130 a los inquilinos, sobre las otras 70 se inició un pleito al reclamar su titularidad las tres conserveras. Los vecinos han vivido con el temor a ser desalojados de sus viviendas durante décadas.
