DISA ha tenido trece años para cambiar de sitio la tubería que reventó en Las Gaviotas el pasado domingo y provocó el vertido de fuel en la playa, desde que se declaró la zona de Jinámar como Espacio Natural Protegido bajo la figura de Sitio de Interés Científico, en 1994. El secretario general de Ben Magec, Antonio Hernández, aseguró ayer que "si hubiera habido buena intención por parte de la empresa, esta autorización la tendría que haber solicitado hace muchos años y no hace sólo uno, y lo hizo porque el centro comercial que se está construyendo se ofreció a costear las obras".

"La empresa intenta quedar bien y echarle la culpa a otros [al asegurar que no le otorgaron los permisos para el traslado], pero parte de la responsabilidad es de ella y también de las administraciones públicas que tienen competencia en Medio Ambiente", afirmó. Según los ecologistas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular, que es el responsable de la gestión de los espacios naturales, tendrían que haberse preocupado de que la tubería estuviera ya junto a la autopista. El conducto, según Ben Magec, fue construido en los años ochenta y es uno de las más antiguos que está en funcionamiento.

Hernández lamentó que la normativa del espacio no se haya aplicado y que esté en situación de abandono. Las normas de este sitio establecían que la tubería de la empresa tenía que cambiarse de lugar. "Esto llegó a aprobarse en el Patronato de Espacios Naturales, hace más de un año, pero no se realizó".

Los responsables de la asociación consideran que el vertido fue por una negligencia, no sólo de DISA, sino también de las administraciones públicas porque hubo ausencia de la capacidad inspectora de la Consejería de Industria en todas las instalaciones canarias. Por supuesto, consideran que no ha habido dolo por parte de la empresa porque no se hizo con mala intención, pero el principio del que contamina paga "es obvio".

DENUNCIA. Los ecologistas presentaron ayer una denuncia en la Fiscalía para que investigue un presunto delito hacia los recursos naturales y el medio ambiente. Consideran que se podría haber infringido los artículos 325 y 330 del Código Penal. El primero contempla penas de entre seis meses y cuatro años para los responsables de provocar vertidos. Mientras que el 330 estipula condenas de entre uno y cuatro años de prisión para los que dañen gravemente un espacio natural protegido.

"Es el fiscal quien tiene ahora la pelota en su tejado y es quien tiene que decidir si va a jugar al tenis o no", aseguró Hernández.

El secretario general de Ben Magec recordó lo sucedido con los vertidos en el polígono de El Goro, "que tras el juicio quedaron absueltos varios políticos del Ayuntamiento de Telde, incluido el alcalde y empresarios del lugar, porque las pruebas recogidas no se mandaron con los protocolos adecuados. Queremos que la Fiscalía investigue y que encargue informes propios porque no se sabe cuántas toneladas de fuel se han extraído de la playa y si afectó a especies naturales o no, aunque el daño ambiental se ha producido", aseguró.