El gobierno municipal de Juan José Cardona tiene previsto aprobar la próxima semana el pliego del contrato de la ayuda a domicilio para sacarla a concurso de inmediato y garantizar la asistencia el próximo año de los 2.128 usuarios que reciben este servicio. Así lo anunció ayer en la comisión de Igualdad, la concejala de Asuntos Sociales, Rosa Viera, que no aclaró cuántos usuarios de la ayuda a domicilio se vieron afectados por la suspensión del servicio el pasado mes de agosto. El alcalde rectificó y restableció el servicio, debido a las críticas, pese a que inicialmente pensaba limitarlo a la mitad de usuarios, aunque hay 3,3 millones presupuestados sin gastar. Una parte de ese dinero (unos dos millones) se usarán ahora para llegar a final de año. En cuanto al nuevo contrato, la intención es que esté aprobado antes del próximo 4 de enero, fecha en la que se vence la última prórroga.

Cardona ha desbloqueado y asumido el pliego que dejó realizado el gobierno de Jerónimo Saavedra, después de tenerlo paralizado casi tres meses, con el argumento de que no se podía aprobar porque tenía objeciones por parte de Intervención.

La concejala de Servicios Sociales, Rosa Viera, reconoció ayer que se sacará a concurso el mismo pliego, por un importe de 7,5 millones de euros, lo que refleja que no era insalvable la objeción realizada por los técnicos, que advirtieron que el incremento superaba en un 2% el actual contrato, cifrado en 4,4 millones.

Viera echó en cara a los socialistas no haber dejado adjudicado el contrato de la ayuda a domicilio, que se encontró "paralizado" cuando llegó, pese a que el expediente se inició a finales de 2009, y justificó el intento de recorte del servicio porque "cuando sólo nos quedaban 550.000 euros del presupuesto del contrato para llegar a final de año, tuvimos que priorizar el aseo, aunque nunca se habló ni de suspender el servicio de limpieza ni el de comida" en determinadas circunstancias. La edil se negó a dar la cifra de usuarios afectados y aseguró que el servicio se restableció en menos de una semana. La concejala del PSOE, Isabel Mena, consideró muy grave que se suspendieran servicios durante 18 días, sin la valoración de un técnico, como establece la ley.