El consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno canario, Domingo Berriel (CC), es partidario del consenso con el Ayuntamiento de Agüimes, que gobierna Antonio Morales, de Roque Aguayro, partido asociado a Nueva Canarias, antes que imponer la regasificadora en Arinaga, a pesar de que el Ejecutivo regional dispone desde enero pasado de la posibilidad de saltarse la licencia municipal y obligar al municipio a aceptar la planta aplicando el interés general. Esta postura se produce apenas tres meses después de la alianza electoral de CC con NC.
"El Gobierno no va a hacer una cosa de esa naturaleza", dijo ayer Berriel en referencia a la imposición de Arinaga por interés general. "Primero", explicó, "porque si llevamos años discutiendo sobre ella no hay que hacerla de ahora para después". El consejero agregó que "los tribunales de justicia dicen que el Gobierno no puede hacer de su capa un sayo, y la excepcionalidad se ha utilizado más veces de lo que fuera deseable".
Por ello, indicó, el Gobierno actuará con cautela para que sus decisiones no sean cuestionadas por los tribunales. "En general, ése es el escenario que debemos aplicar cuando un Cabildo nos pida que se suspenda un planeamiento". En su opinión, es complicado argumentar que se suspenda el planeamiento para instalar la planta gasificadora cuando se puede hacer sin forzar la normativa. "Tendría que haber un desabastecimiento de combustible para que el Estado tomara una decisión tan drástica", apuntó.
Al respecto, precisó que la planta de gas no es comparable con la prisión de Juan Grande, cuya ubicación impuso el Gobierno central. "Había un rechazo ciudadano y el Estado argumentó algo en lo que tenía razón, que era un colapso en la cárcel de Salto del Negro y se debía garantizar un mínimo de dignidad a las personas que estaban internadas en el centro penitenciario", puntualizó.
Modificación legislativa
Por otra parte, el Gobierno de Canarias allanó el camino para la implantación del gas en las Islas con la modificación introducida hace diez meses a la Ley 11/1997 del Sector Eléctrico de Canarias, al eliminar de la misma la obligación de que los ayuntamientos den licencia a estas industrias para poder instalarse. Esta modificación deja exclusivamente en manos del Ejecutivo autónomo la última decisión sobre dónde ubicar la planta en cada isla.
El Parlamento regional, con los votos de CC y PP, decidió hace un año modificar el artículo 6 de la citada Ley que hace referencia a los "procedimientos excepcionales para las obras de interés general" para el suministro eléctrico (el gas servirá para dar energía a la central eléctrica de Juan Grande). En sus contenidos, el artículo 6 bis deja sólo en manos del Gobierno la potestad de declarar el "interés general" de una obra relacionada con la producción eléctrica y descarta la obligatoriedad de que el ayuntamiento afectado le dé licencia de construcción.
