De suspenso a notable. El pasado curso un inspector de Educación mejoró considerablemente la nota de un alumna de Formación Profesional que cursaba estudios en un instituto de la capital después de que ésta reclamara ante la alta instancia educativa tras ser calificada por la profesora y por el departamento como no apta. La profesora recurrió la decisión de la administración y el caso está en los tribunales.
Este es uno de los dos casos, de los 117 atendidos por el sindicato Anpe en el Defensor del Docente durante el pasado curso, que se encuentran en manos de la Justicia.
El otro caso en el que se cuestiona la autoridad del docente se refiere en concreto a una agresión física. En esta ocasión, los hechos sucedieron en un centro de Primaria de la capital y la agresión la cometió un padre contra un docente.
La denuncia fue juzgada en un primer momento como un juicio de faltas -lo habitual en este tipo de casos-, pero se recurrió la sentencia y está a la espera de sentencia.
De momento, sólo hay una sentencia en Canarias en el ámbito educativo en el que se reconoce al docente como una autoridad pública. En aquel caso -juzgado en el 2010- una alumna fue condenada a pagar 9.000 euros y un año de libertad vigilada por agredir verbal y físicamente a una docente.
Con la ley de Autoridad del Profesorado que propone Anpe, los docentes gozarían de la presunción de veracidad sobre los hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones como recoge el Código Penal en los artículos del 550 al 556. Según el sindicato, ahora la prueba se reduce a la "palabra del profesor frente a la del alumnado o sus familiares".
