1. Denuncia contra la aprobación del Plan Especial
El 31 de octubre de 2003, el pleno del Ayuntamiento de la capital grancanaria aprobó definitivamente el Plan Especial del Canódromo. Un mes después la asociación vecinal Avecalta interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y en agosto de 2004 lo hizo la empresa Mand Electricidad de Canarias, que reclamaba la propiedad de una parte de la parcela. Fue el comienzo de un larguísimo procedimiento judicial por la vía administrativa que, además, ha tenido varios incidentes.
El Ayuntamiento siguió adelante con la tramitación administrativa, hasta el punto de que otorgó licencia de demolición de las viejas edificaciones que ocupaban la esquina del Canódromo, donde luego se construiría la torre, y también autorizó la excavación del suelo a la promotora de las futuras viviendas, Realia, y más adelante, de construcción. En 2008 la Sala resolvió y dio la razón a los vecinos, que a su vez pidieron la ejecución de la sentencia y la paralización cautelar de las obras. La Sala así lo estimó y desde entonces, hace ya más de tres años, no se mueve una sola piedra, aunque el Supremo anuló aquella sentencia y devolvió el caso al TSJC para que dicte una nueva resolución.
2. La querella de 2004 está cerca del desenlace
El origen del pleito por la vía penal, que lleva el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, tiene su origen en una querella interpuesta en 2004 por Avecalta por una presunta prevaricación administrativa basándose en que el Plan Especial del Canódromo, según los denunciantes, había quedado suspendido el 3 de marzo de aquel año al no haber resuelto el Ayuntamiento un recurso de reposición de Mand Electricidad contra la aprobación definitiva del Plan Especial.
A partir de ahí se produjo la imputación de la exalcaldesa Pepa Luzardo y el exconcejal de Urbanismo, Felipe Afonso, por otorgar licencias de obra a pesar de que, sin saberlo, el Plan Especial del Canódromo estaba suspendida. En 2008 fueron imputados ambos y hasta enero pasado no se les levantó definitivamente tras sobreseerse la denuncia original el mes anterior. El 14 de febrero, el juez Tomás Martín reabrió el caso después de que el fiscal Javier Ródenas interpusiera un recurso de reforma contra su sobreseimiento provisional, y en vísperas de la prescripción de los presuntos delitos que pudieran derivarse del origen del caso Canódromo, el convenio urbanístico aprobado por el Pleno el 2 de abril de 2002, cuando Cardona era edil de Urbanismo.
3. Comisión de investigación en el Ayuntamiento
El mandato del socialista Jerónimo Saavedra (2007-2011) sirvió para que el Ayuntamiento abriese una vía interna que arrojase luz sobre la polémica operación urbanística. La comisión de investigación, a instancias de la concejala Nardy Barrios, entonces socia del PSOE en el gobierno municipal, la compusieron ediles de ambos grupos porque los del PP, en la oposición, se negaron a participar.
La comisión analizó lo que consideró una sobrevaloración de la parcela del Canódromo antes de firmar el convenio urbanístico y se centró en la posterior reventa de Urbacan a Realia de la parcela de las torres. Así, los comisionados, que durante las sesiones escucharon las declaraciones de varios técnicos municipales, concluyeron que "invita, cuando mínimo, a la reflexión el beneficio obtenido por la empresa interpuesta, unos nueve millones de euros, que duplica la valoración inicial que estableció el Ayuntamiento por las parcelas permutadas".
El informe fue a su vez remitido a la Universidad de Cataluña para que emitiese un dictamen, y en el que se concluyó que el valor de las parcelas objeto de la permuta -la de las torres y otras dos en Almatriche y Las Torres- casi triplicaron su valor en dos meses, en la reventa de Urbacan a Realia.
