"En este minuto, no tengo previsto de ninguna manera autorizar o aprobar ningún tipo de incremento" del precio del agua, aseguró ayer el alcalde de la capital grancanaria y presidente de la empresa mixta Emalsa, Juan José Cardona, quien consideró que habrá que esperar a comprobar si tienen éxito las gestiones para convencer al Gobierno de Mariano Rajoy para que dé marcha atrás en el recorte a las ayudas a la desalación.
Pese a las declaraciones de Cardona, en la compañía Emalsa ya se están planteando pedir un incremento de un 7% en la subida del agua, la única manera de hacer frente, según las fuentes consultadas, a la reducción en un 50% de la subvención a la producción del agua desalada, que pasaría de 2,3 a 1,3 millones. De hecho, ya se ha realizado un estudio económico sobre los efectos del tijeretazo en los costes de producción.
El alcalde sostuvo que aún no se ha adoptado ninguna decisión en torno a la subida del agua y añadió que en el último consejo de administración de la empresa se expresó la "preocupación" sobre los efectos del hachazo a las ayudas que permiten al Archipiélago compensar el sobrecoste de usar combustible en la producción de agua desalada. "Esa preocupación", dijo Cardona, "la tiene también el alcalde de la ciudad, y hasta que no culmine el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que es cuando sabremos si efectivamente la subvención se mantiene o disminuye, no podremos saber cuáles son los efectos sobre el coste del agua".
A su juicio, no es conveniente dar mientras tanto más "motivos de preocupación", porque "ya bastantes noticias negativas tenemos en nuestro entorno". Cardona, que no descartó que se produzca una subida en este año y que se limitó a pedir "prudencia" hasta que se confirme si hay recorte o no, sostuvo que "todavía hay tiempo y mecanismos para conseguir que la ayuda al agua desalada esté a un nivel que nos permita mantener, en todo caso, los costes actuales de producción del agua potable".
Sensibilidad
El regidor explicó hace unos días que se están realizando gestiones, a través de la Delegación del Gobierno, para frenar el tijeretazo. Precisamente, la actual delegada, María del Carmen Hernández Bento, acusó el pasado mes de agosto, cuando era concejal de Urbanismo con Cardona, de "falta de sensibilidad" y "flagrante incumplimiento con Canarias" el recorte que realizó en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que también afectó a las potabilizadoras. El pasado ejercicio, las subvenciones pasaron de 13,9 a 9,7 millones. El nuevo recorte que prepara el Gobierno de Rajoy reduce las ayudas de 9,7 a 4,8 millones. La capital es la más perjudicada porque es la que más agua desalada produce.
