El exconcejal de Coalición Canaria Marino Alduán, que declaró como testigo el jueves en el caso Canódromo, pisó arenas movedizas al reconocer que votó favorablemente el convenio urbanístico que permitió al Ayuntamiento de la ciudad permutar una serie de terrenos por la parcela del Canódromo, pese a saber que el acuerdo era lesivo para las arcas municipales.

Alduán reconoció en sede judicial que le dolía "la valoración final" y que se había sentido engañado "porque se pasó de una valoración de 600 millones de pesetas en 1998 a 1.400 millones en el año 2000" y que la operación para recuperar el Canódromo se realizó "por convenio en lugar de por expropiación".

Las declaraciones del exedil alarmaron al fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, porque Alduán estaba reconociendo que votó favorablemente el convenio a sabiendas de que era injusto, lo que viene a ser el resumen del artículo 320 del Código Penal, el que tipifica la prevaricación urbanística.

Ródenas pidió que se suspendiera la declaración de Alduán y solicitó al juez que lo citase en calidad de imputado para que estuviese protegido por las garantías legales y procesales de esta figura jurídica, como la posibilidad de mentir y estar asistido por un abogado.

Según fuentes presentes durante la declaración, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, se pensó durante bastante tiempo -se habla de casi diez minutos bajo un silencio sepulcral- si suspenderla, pero finalmente rechazó la petición y pidió que no se le preguntase a Alduán la causa de su voto para "evitar viciar la declaración".

El fiscal protestó la decisión y alegó, según se recoge en el acta de declaración, que "una vez que se le ha preguntado por el sentido del voto, incluyendo el matiz de si había o no disciplina de partido, y tras las manifestaciones tendenciales del propio testigo acerca de la justicia o injusticia de la pretensión del acto administrativo que iba a aprobar el Pleno de 22 de marzo de 2002, tales como 'abusiva', 'lesiva para la sociedad', 'me sentía indignado y engañado' y 'existían dudas razonables', creemos que en garantía de la legalidad y de las consecuencias de tales manifestaciones [...] que, de la misma manera que el señor Cardona prestó declaración en calidad de imputado y teniendo una participación similar en cuanto al núcleo decisivo de la aprobación del acto en cuanto al voto favorable del testigo, creemos que para garantizar los derechos que le asisten, sería aconsejable su declaración en calidad de imputado, sin que por ello presuponga nada más que garantizar la igualdad".

El juez advirtió que dictaría una resolución aparte explicando los motivos de que rechazase la suspensión del interrogatorio y la imputación mientras que, el abogado del Ayuntamiento de la ciudad, Alejandro García, se adhirió a la propuesta.

En la declaración de Cardona, el juez, al explicarle al alcalde la causa de su imputación, le comentó que uno de los hechos de los que se "derivan indicios racionales de criminalidad" se encuentra "en la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento del Convenio Urbanístico por el que el Ayuntamiento adquiría la parcela del Canódromo con los votos favorables del PP, del que usted formaba parte, y de Coalición Canaria, entendiendo que este es el acto que dio virtualidad jurídica a lo convenido, con las dudas respecto a la valoración de los terrenos".