Realia Business ha solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se le renueve la licencia de construcción para acabar cuanto antes las dos torres del solar del Canódromo, en Schamann, y sacar a la venta las 120 viviendas previstas. Esta licencia de obra, concedida en 2006 con Pepa Luzardo como alcaldesa, fue anulada en 2008 por un juzgado de lo Contencioso Administrativo. El mismo juzgado falló en julio de 2009 anular también la prórroga de la licencia que también había solicitado la promotora al Ayuntamiento.

Según las fuentes consultadas, la petición de renovación de licencia fue cursada por Realia hace unas semanas, pero en la Concejalía de Urbanismo no se le ha dado trámite aún porque se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decida esta misma semana los recursos presentados, tanto por Realia, como por el propio Ayuntamiento, a las anulaciones dictadas en primera instancia.

De hecho, fuentes jurídicas confirmaron ayer que se ha citado para el próximo viernes a los representantes legales de la empresa y del Consistorio, además del abogado de la asociación de vecinos demandante, Avecalta, para comunicarles la decisión de la Sala. Serán los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo los que decidan, reunidos en pleno y con su voto, si se declaran legales o no las licencias anuladas hace tres años.

Se da la circunstancia que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso es la misma que declaró legal a finales del pasado mes de abril la operación urbanística del Canódromo tras devolver el Tribunal Supremo todo el caso al TSJC a principios de año.

El caso del Canódromo surgió hace casi diez años cuando la asociación vecinal Avecalta denunció en los tribunales la supuesta ilegalidad del Plan Especial del Canódromo, por considerar, entre otros argumentos, que levantar dos torres de 15 plantas y120 viviendas más en un área de edificabilidad agotada era ilegal. Los primeros fallos fueron favorables a la tesis vecinal y declararon ilegal el plan especial, lo que ratificó el TSJC en 2008.

A pesar de las denuncias, Realia comenzó en diciembre de 2006 la construcción de los cimientos de ambos edificios con la licencia otorgada por el Ayuntamiento que entonces regía Pepa Luzardo (PP). El permiso fue renovado en 2008 cuando los socialistas ya gobernaban en la administración municipal. Pocos meses después el TSJC declararía ilegal la operación.

Las obras continuaron hasta julio de 2009 cuando el TSJC dictó un auto que ordenaba la paralización cautelar de las obras en tanto en cuanto no se pronunciase el Tribunal Supremo sobre la legalidad del Plan Especial. El Ayuntamiento ordenó entonces el precinto de las obras, pero al mismo tiempo, junto a Realia, recurrió el citado auto del TSJC. Desde entonces las obras permanecen paradas y clausuradas. En ese tiempo, la promotora sólo pudo levantar el armazón de la primera de las dos torres previstas, además de acabar los cimientos y el parquin subterráneo.

Tras el fallo del TSJC de abril de este año, Avecalta ha recurrido al Supremo, que está pendiente de decidir si admite a trámite o no la demanda vecinal.

En el verano de 2009 Realia comenzó a devolver el dinero a los clientes que ya habían dado una entrada para adquirir una de las viviendas que se vendían entonces por cantidades que oscilaban entre los 158.000 y los 229.000 euros. Realia no quiso hacer ninguna valoración ayer sobre el asunto aunque tampoco desmintió la noticia.