La privatización de Emalsa en 1993, durante la alcaldía del socialista Emilio Mayoral, no estuvo exenta de polémica. La empresa Aquagest (hoy Canaragua, participada por Aguas de Barcelona) denunció la concesión a Saur y Unelco, que en 2005 vendió su parte a Sacyr-Vallehermoso, por supuestas irregularidades en la adjudicación. El proceso judicial dio un giro en abril de 2010, cuando la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló a favor de los demandados, contraviniendo una sentencia de la misma instancia de dos años atrás.
La concesión del servicio de agua a la UTE Unelco-Saur, con el 66% de las acciones de Emalsa, sin el informe preceptivo del interventor, llevó Aquagest a presentar una demanda contra la decisión del pleno del 22 de marzo de 1993, en el que se materializó la privatización del suministro con una concesión de 3.000 millones de las antiguas pesetas, unos 18 millones de euros.
La venta de Emalsa se comenzó a fraguar dos años antes, durante el tripartito PP-CDS-ICAN en el Ayuntamiento. La justificación para la privatización fue el enorme déficit de la empresa de aguas, que alcanzaba los 1.800 millones de pesetas de pérdidas, cerca de 11 millones de euros.
Al concurso concurrieron tres candidatas: Aquagest (hoy Canaragua), Compañía General de Aguas y la UTE Saur-Unelco. La venta de Emalsa reportó 3.102 millones de pesetas (18,6 millones de euros). Aquagest proponía quedarse con el 49% de las acciones, lo que dejaba para el Ayuntamiento el 51%. Saur-Unelco, sin embargo, planteaban acaparar cada una un 33% y dejar al municipio con el 34%.
La adjudicación benefició a esta última, con la única oposición de la entonces concejala del PP Pepa Luzardo, que se abstuvo en la votación. Canaragua consideró que se había producido una irregularidad y presentó la demanda.
En una primera instancia, la justicia dio la razón a la empresa demandante. A pesar de ello, ya con José Manuel Soria como alcalde, el pleno ratificó la venta de Emalsa el 26 de octubre de 2001.
La reventa de Soria da la oportunidad a Canaragua de presentar otro pleito, que gana el 7 de noviembre de 2008. El juez anulaba la venta al considerar que la adjudicación no era beneficiosa para los intereses generales. Sin embargo, dos años después, el TSJC, con una prueba pericial que no se presentó en el juicio anterior, anula la sentencia y le da la razón a Saur y Sacyr. La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Constitucional.
