Medio millar de residentes en once barrios cercanos al complejo ambiental de Salto del Negro presentaron el pasado jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que ordene la clausura de manera definitiva del vertedero. El Servicio de Protección de la Naturaleza inició la pasada semana una investigación para averiguar las causas del insoportable olor que invade la zona, procedente del vertedero, tras recibir numerosas denuncias de vecinos de Salto del Negro, los afectados más directos por los nauseabundos olores y las plagas de moscas, aunque el hedor se extiende, en función de como sople el viento, hasta barrios como La Laja o San Cristóbal. Mientras el Constitucional se pronuncia, los residentes de Salto del Negro preparan una concentración para bloquear la entrada de camiones en el complejo.
La insoportable peste de la última semana ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los residentes, ya que algunos vecinos se vieron obligados a abandonar sus casas porque no aguantaban el hedor. Los afectados, sostuvo ayer el presidente de la asociación de vecinos de Salto del Negro, Fidel García Alemán, exigen que "se acabe ya con los vertidos de basura que son totalmente ilegales y nos está haciendo mucho daño a la salud".
Los vecinos, hartos de aguantar tantos años, han dicho "basta ya" y anunciaron movilizaciones y bloqueos sistemáticos al acceso de los camiones de basura, "con la ley en la mano". "Enterrar basura sin tratar es ilegal y ni siquiera lo permite la Autorización Ambiental Integrada, que también hemos recurrido ante la Fiscalía. El Cabildo, en cualquier caso, está incumpliendo su propia autorización", advirtieron. Explicaron que durante el fin de semana los malos olores remitieron un poco porque se dejó de remover la basura. Tanto los vecinos como fuentes cercanas al complejo ambiental coincidieron al atribuir el fuerte hedor, a los trabajos de desenterramiento y traslado de la basura para concluir el acondicionamiento del vaso de vertido intermedio.
Además de Salto del Negro, los barrios que han pedido al Constitucional el cierre del complejo ambiental son San Francisco de Paula, Tafira Baja, Los Hoyos, El Fondillo, Hoya de la Plata, Tres Palmas, Casablanca, Pedro Hidalgo y El Lasso.
Los vecinos, que presentaron el recurso a través de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, reclaman al alto tribunal que acabe con "todas las actividades de vertido en el barranco de Salto del Negro", al considerar que esta actividad es "ilegal" y que existen indicios de que está ocasionando "graves consecuencias" sobre las salud.
A lo largo de los últimos tres meses, han denunciado en la Fiscalía de Medio Ambiente tanto el vertido actual de los residuos en el denominado vaso intermedio -al considerar que es ilegal pues este vertedero está previsto para la basura ya tratada-, como la construcción del nuevo vaso de vertido, que está pendiente de licencia. También rechazan los residentes la planta de tratamiento de la basura del complejo. En todos los casos, el argumento es el mismo: todas las instalaciones incumplen la distancia que establece la ley con las casas del barrio, que están situadas a menos de 250 metros. Los residentes llevan años denunciando las irregularidades del complejo, que han sido corroboradas por informes del Seprona y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. De hecho, el Cabildo de Gran Canaria se vio obligado el pasado mes de octubre a clausurar de prisa y corriendo el viejo vaso de vertido, por orden de la Comisión Europea, que amenazó al Gobierno de España con imponerle una multa millonaria.
Efecto dañino
Además de pedir al Constitucional que clausure el complejo, los vecinos reclaman a la Fiscalía que impugne ante los tribunales el Plan Territorial de Salto del Negro de 1997, así como todas las "actuaciones que han dimanado del mismo". La aprobación de dicho Plan Territorial, en el que se ampara la Autorización Ambiental Integrada del complejo, es según los residentes un "fraude de ley" y debe considerarse "nulo" porque planificó una actividad de vertido "en un emplazamiento que incumplía las distancias mínimas" respecto de las viviendas que exige la Ley. Dicho plan, añaden en el recurso, "ampara y promueve la comisión de un grave delito medioambiental que pone, y ha puesto ya, en riesgo la salud de miles de personas".
Reclaman, por tanto, que se pongan en marcha todas las "medidas necesarias" en el ámbito penal, civil y contencioso administrativo para impedir la puesta en marcha de la planta de tratamiento y el nuevo vaso de vertido. También exigen que se investigue porqué la Agencia del Medio Urbano y Natural del Gobierno canario no ha ordenado el cese inmediato de los vertidos, pese al "efecto dañino sobre la salud de las personas que pueden estar ocasionando de manera irreversible".
"An te el flagrante incumplimiento de todas las leyes existentes, hemos de concluir de manera flagrante que el Estado de Derecho ha fallado con los vecinos a la hora de defender el más valioso de nuestros derechos, el derecho a la vida en unas condiciones dignas", denuncian los vecinos al Constitucional.
Z Derechos
Medio Ambiente
Los vecinos denuncian que la actividad del vertedero de Salto del Negro vulnera varios derechos fundamentales que consagra la Constitución española. Uno de los artículos que se vulneran, según los vecinos, es el artículo 45, que establece el derecho a vivir en un medio ambiente digno.
Z Tutela judicial
Incumplimiento
También se vulnera el derecho a la dignidad de la persona (artículo 10) y el derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 24), pese a las denuncias vecinales durante 20 años.
