Pasar página y comenzar una nueva vida. Las diez familias de Pancho Guerra, cuyas casas se derrumbaron tras la caída de un muro de contención en febrero del 2006 y en el que tres miembros de una misma familia perdieron la vida, han acordado finalmente no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, hecha pública el pasado 2 de julio, en el que se condenaba al Ayuntamiento y a la constructora de las viviendas Monromar y a la empresa que levantó el muro Cimientos Archipiélago S.L. a pagar 4,31 millones en concepto de indemnización a los vecinos a pesar de que en un primer momento aseguraron ir hasta el final por no estar de acuerdo con ella. "No estamos de acuerdo con la sentencia porque con la cantidad que recibiremos del Ayuntamiento no podremos construir, pero queremos mirar hacia adelante", dijo Rafael Morales, portavoz de los vecinos.
Tanto la constructora de las viviendas como la del muro, que deberían pagar el otro 50% de la indemnización, no podrán hacer frente a la deuda ya que una está disuelta y la otra es insolvente.
Morales, reconocía ayer tarde, después de haberse reunido por la mañana con el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona; el concejal de Urbanismo, Martín Muñoz; y el responsable jurídico del Ayuntamiento, que estaban "exhaustos" tras siete años y medio de espera judicial. Y que habían decidido pasar página para continuar con sus vidas a pesar de que solo recibirán el 50% de la indemnización. La correspondiente al Ayuntamiento y con la que, según los afectados, solo podrán hacer frente al pago de la hipoteca de sus casas sepultadas. "Tendríamos que volver a pleitear, pagar las costas y sin saber si podríamos ganar o no el pleito. Y queremos empezar a ser dueños de nuestras vidas, después de que durante años decidieran otras instituciones por nosotros", dijo.
Promesa
Morales señaló que el Consistorio les ha prometido no recurrir la sentencia salvo que la aseguradora que tiene la administración local -Mapfre- diga lo contrario.
"En tal caso, recurrimos porque en la sentencia no se nos reconocen los siete años y medio que hemos pagado de alquiler", apuntó Morales, quien subrayó, sin embargo, la sensibilidad política que había mostrado la Corporación por su situación.
El Ayuntamiento tiene hasta el martes, 23 de julio, tiempo para presentar recurso contra la sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas.
Si no hay recurso, los vecinos podrán liquidar sus hipotecas con la indemnización y comenzar a construir sus nuevas casas sobre el mismo suelo. Para ello, las familias barajan permutar el suelo, que es de su propiedad, con alguna constructora interesada en construir sus viviendas a cambio de la cesión de varios pisos después de que el Consistorio permitiera en el 2012 crear un bloque de casas donde antes había viviendas unifamiliares.
"Nuestra única opción es liberar el suelo para poder llegar a un acuerdo con una constructora y empezar a levantar nuestras casas. Iremos a Pekín si hace falta", comentó Morales, ante las dificultades de encontrar en estos tiempos de crisis una empresa que quiera edificar.
