Los representantes sindicales de UGT y USP en la Policía Local rechazaron ayer la privatización de la vigilancia de las Casas Consistoriales, las oficinas municipales del Metropole y la Casa del Marino, que han sido adjudicadas a Seguridad Integral Canaria por 200.000 euros al año.
Víctor García, de USP, consideró un "despilfarro, un disparate y una mala gestión" encargar a una empresa privada una labor de vigilancia que lleva encomendada a la Policía Local desde hace años y pidió al alcalde Juan José Cardona que rectifique antes de que se formalice la adjudicación. Tanto Víctor García como José Antonio Alonso, de UGT, se preguntaron qué va a pasar con los agentes mayores de 57 años, a los que hasta ahora se les encomendaba la vigilancia de estas sedes, como segunda actividad. Alonso criticó que "el interés de privatizar, por parte del PP, no es mejorar el servicio" y denunció que los vigilantes de la empresa, "cuyo propietario figura como donante en la lista de Bárcenas, no estarán físicamente en las sedes, sino que pasarán cuando suene la alarma. Cobrarán 200.000 euros al año por llamar a la Policía Local para que acuda cuando suene la alarma".
