Los letrados de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, que tienen su sede en la Ciudad de la Justicia, tampoco tienen derecho a aparcar dentro del nuevo edificio judicial. La Viceconsejería de Justicia ha desestimado los 11 recursos de alzada interpuestos por cada uno de los abogados, con el argumento de que este cuerpo profesional no forma parte del conjunto de empleados públicos que presta sus servicios dentro del ámbito interno de la Administración de Justicia. Por esa razón no se les asignó plaza en el interior del edificio, sino directamente en el aparcamiento privado que está ubicado en los aledaños del recinto judicial.
El viceconsejero Pedro Herrera compara la situación de los recurrentes con los letrados del Estado, los abogados, los procuradores y los graduados sociales, que tienen despachos o dependencias asignadas en el edificio, pero no están adscritos a ninguna unidad judicial o fiscal. Tampoco desempeñan funciones conectadas con un concreto servicio judicial.
No obstante, a diferencia de los colectivos aludidos, los letrados de la Comunidad Autónoma si pueden aparcar en el parking anexo. Lo mismo ocurre con los integrantes de los equipos técnicos de Menores y de Familia adscritos a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Ambos colectivos pueden estacionar en el aparcamiento aledaño en las mismas condiciones que los jueces, fiscales y funcionarios que no lograron plaza dentro de la Ciudad de la Justicia. Todos, en síntesis, deben pagar un cuota y están sujetos a un horario.
