La compañía de aguas de la capita grancanaria Emalsa y la empresa Satocan han llegado a un acuerdo que zanja el conflicto judicial que mantienen por el alquiler de la sede de Siete Palmas. El pacto reduce el montante del arrendamiento y la duración del contrato. Así, la compañía mixta ahorrará 300.000 euros al año, lo que significará pagar unos 25.000 euros menos al mes; mientras que la firma del también consejero de Emalsa, Juan Miguel Sanjuán, queda liberada de mantener el contrato por 28 años más, en base a la cláusula original que era por 35 años, y sólo estará obligada para los próximos diez. El acercamiento entre ambas partes espera a que el juzgado dicte un auto para homologarlo.
La propiedad del inmueble, la empresa Satocan, mostró su conformidad a actualizar los precios del contrato de arrendamiento para adaptarlos a la situación inmobiliaria actual, mediante una rebaja de la renta que posibilitará a Emalsa ahorrar 300.000 euros anuales, como se ha dicho. La empresa señala que "la mejora del precio ha sido posible gracias a la actualización que permite la situación de crisis económica, cuyos parámetros de valoración no tienen correspondencia con los del año 2008, fecha en la que se rubricó el contrato de arrendamiento, según los precios de mercado que existían en aquel momento anterior a la crisis".
Como contrapartida, Satocan "ya no tendrá que mantener su obligación de garantizar el arrendamiento de las oficinas hasta que se cumplan los 35 años de contrato desde su firma en 2008, por lo que a partir de este año 2015 sólo quedará obligado a un total de diez años más, momento desde el cual podrá disponer del inmueble".
El contrato de Emalsa para las tres plantas de su sede en el Centro Comercial Las Ramblas se formalizó durante el mandato de Jerónimo Saavedra, el 22 de julio de 2008. En un primer documento, la compañía de aguas estaba obligada a abonar 90.000 euros mensuales, que fueron rebajados a 75.000 euros, a instancias del propio alcalde socialista, presidente del Consejo de Administración en aquel momento. Aún así, el actual regidor capitalino, Juan José Cardona, consideraba, ya desde diciembre de 2012, que el precio del arrendamiento era excesivo y anunciaba que iba a recurrir a los tribunales si Satocan no lo reducía.
Y así fue. Emalsa llevó el caso a los tribunales el 20 de marzo de 2014, en una demanda en la que calificaba el alquiler como "desorbitado" y solicitaba una rebaja hasta los 38.402 euros mensuales por dos de las tres plantas, puesto que una de ellas no se usa.
Satocan alegó, durante el proceso y en base a un informe encargado al efecto, que la ciudad se ahorraba 38.842 euros mensuales por ocupar las oficinas de su propiedad, ya que el traslado desde las dependencias del Obelisco había permitido a las arcas municipales dejar de gastar en alquileres de otros departamentos.
El juez citó después, el 13 de noviembre de 2014, a ambas partes a que se sentaran en un acto de conciliación para alcanzar un acuerdo, pero este encuentro terminó sin acercamiento de ambas posturas y dejó en manos del juez la decisión al respecto. Emalsa pretendía rebajar el alquiler a la mitad, a lo que se negó el empresario. Finalmente, el arrendamiento, que está situado ahora en torno a los 78.000 euros, quedará reducido a 53.000 mensuales, en virtud del acuerdo alcanzado ayer entre Satocan y Emalsa.
