El alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, aseguró ayer que seguirá adelante con la contratación prevista a lo largo de este mes de los 41 agentes de movilidad, los cuales aplicarán todas las funciones previstas en el reglamento, incluidas las que acaban de ser anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), como las de poner multas o intervenir en accidentes.

Cardona se escuda para mantener las funciones en el recurso de casación que tiene previsto presentar ante el Tribunal Supremo, aunque añadió que de forma paralela iniciará el proceso para modificar los puntos del reglamento de agentes de movilidad que acaban de ser anulados.

La decisión de Cardona ha sido muy criticada por el secretario general de la Unión Sindical de Policías de Canarias (USP), Víctor García, quien llamó "irresponsable" al alcalde por "no respetar" la sentencia del TSJC. García advirtió que desde el primer momento en que los agentes de movilidad comiencen a realizar las funciones anuladas por los magistrados, solicitará la ejecución provisional de la sentencia como medida cautelar mientras se pronuncia el Supremo. A su juicio, el alcalde está "intentando justificar una metedura de pata y echando balones fuera. ¿Cómo se puede incumplir una sentencia?". Víctor García consideró que lo que debería hacer Cardona y "lo más sensato" es contratar a los agentes de movilidad como estaba previsto, pero limitar sus funciones a las que ha avalado la sentencia, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. El fallo del TSJC es el resultado del recurso que USP presentó al reglamento, al considerar que algunas tareas invaden las competencias de la Policía Local. Según García, el Supremo ha emitido ya sentencias en el mismo sentido que el TSJC.