"Me parece muy bien que haya un plan B con efectos indemnizatorios que, de tenerse que llevar a cabo, pague el Gobierno central". Así lo manifestó ayer el alcalde capitalino Augusto Hidalgo ante la iniciativa de los senadores del Partido Popular (PP) de presentar una enmienda de adición al proyecto de ley de los presupuestos estatales de 2016 para evitar el derribo de la Biblioteca Pública del Estado. Una medida que, para el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Juan José Cardona, ofrece "una solución que satisface todos los intereses que están en juego" y que difiere con "la hoja de ruta" que, según el regidor municipal, el Consistorio tiene acordada con la Secretaría General de Cultura. Y es que Higalgo contó que está en marcha "un plan A" por el cual no habría que resarcir a los vecinos afectados por la construcción del inmueble que el Tribunal Supremo ordenó demoler el pasado año.
El regidor municipal aclaró que el tripartido ha buscado una solución "que tiene que ver con el no derribo y con la utilización de un expediente excepcional para hacer valer el Bien de Interés Cultural que es la biblioteca con respecto al interés urbanístico". Ya en el pasado mes de julio el alcalde se reunió con José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura, para trasladarle el expediente judicial para que fuese el Gobierno estatal el que asumiera la defensa del inmueble, al ser de su propiedad.
Fue este lunes cuando se anunció la medida adoptada por el Gobierno de España de presentar una moción en el Senado, tras varias reuniones mantenidas durante las últimas semanas entre Lasalle, el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. "Esto tendrá un efecto propagandístico o habrá descoordinación entre el PP y el Gobierno central o entre ministerios", señaló el munícipe, "pero ya digo que si en el presupuesto hay una disposición adicional que nos cubra las espaldas si hay un fracaso de nuestra primera propuesta, me parece genial porque esto no es una cuestión de quién se cuelga la medalla".
Su postura también la respaldan el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, quien se mostró encantado porque se consiga una fórmula que evite el derribo. "Le tocaba al ministro felón arreglar el problema y lo ha arreglado", apuntó en referencia a Soria, bajo cuyo mandato como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria se concedió la licencia al Ministerio de Educación y Cultura para construir la Biblioteca. "Ahora son los vecinos de la ciudad los que tienen que pagar sus irregularidades con las indemnizaciones a los afectados", apuntó. Asimismo, Doreste quiso dejar claro que él es más partidario de que "se indulte el edificio como se indulta a un político corrupto". Es decir, que no haya consecuencias indemnizatorias y, de haberlas, que salgan del bolsillo estatal, tal y como también anunció Hidalgo.
Por su parte, el exalcalde capitalino, Juan José Cardona ve en esta medida una solución que "satisface todos los intereses que están en juego". Por una parte, esta enmienda "da la cobertura legal" que contempla que la biblioteca como bien de interés general y que hace que "un juzgado no pueda exigir la demolición". Además, "este nuevo escenario legal abre una nueva puerta para que esta hipotética indemnización se pueda materializar".
Ya en su día, contó Cardona, se intentó llegar a un acuerdo que no se cerró por el cual se pagaría a la comunidad vecinal una cifra que rondaba entre el millón y el millón y medio de euros. "Yo creo que es una buena solución", concluyó el portavoz del grupo popular en el municipio.
La propia moción presentada por los senadores populares recoge un resumen histórico de la trayectoria del enclave público que abrió sus puertas en 2002. En él, quedan recogidas la primera sentencia del Tribunal Supremo, en noviembre de 2010; y la última con fecha de 16 de mayo de 2014, cuando el Alto Tribunal estimó el recurso presentado por la comunidad de propietarios del Edificio San Telmo, quienes denunciaron haber perdido las vistas al mar, por lo que el órgano judicial ordenó la demolición del edificio. Este hecho llevó al alcalde del momento, Juan José Cardona, a presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que finalmente fue rechazado el pasado mes de julio.
En la enmienda también se argumentan los motivos por los que no se debe proceder al derribo del inmueble. Entre ellos se encuentra su condición de Bien de Interés Cultural -al prestar un servicio público como biblioteca-, por lo que se obliga a su conservación; y también el hecho de que forme parte de la red de bibliotecas estatales. También se recoge que, de proceder con la demolición, se ocasionarán perjuicios considerables a los 413.487 usuarios que tiene el centro cultural, que verán lesionado su derecho de acceso a la cultural. El derribo tendría a su vez efectos negativos para la Hacienda General del Estado, que perderá la inversión realizada y tendrá que afrontar los gastos del derrumbe, estimados en 500.000 euros, más los de la nueva construcción porque el edificio se podría levantar posteriormente en el mismo so-lar, gracias a una reforma poste-rior del Plan General. En la moción también se contempla que todos los propietarios afectados en sus bienes y derechos deben ser compensados.