La Fiscalía de Las Palmas ha denunciado al tripartito que gobierna la capital grancanaria por una presunta administración desleal, al aprobar el pago a Emalsa de más del doble de los 6,63 millones que le ordenó abonar por el saneamiento una sentencia que falló a favor de la compañía. El gobierno municipal realizó una modificación presupuestaria para abonar a Emalsa 14,48 millones amparándose en la citada sentencia, un pago que sin embargo no se ha hecho efectivo hasta la fecha, tras haber sido paralizado por la intervención general del Ayuntamiento, que también mantiene congelados el abono de la facturas del mantenimiento del alcantarillado, desde el pasado mes de mayo de 2016.
El grupo municipal de Ciudadanos y la asociación cívica El Sol sale para todos llevaron el caso ante el Ministerio Público, al entender que Augusto Hidalgo y su equipo tienen que "responder ante la justicia" por desembolsar 14 millones a la empresa cuando un fallo del 29 de enero de 2016 le obligaba a pagar menos de la mitad.
El anterior grupo de gobierno, con Juan José Cardona a la cabeza, decidió bloquear el pago de las facturas de mantenimiento del alcantarillado en enero de 2013, al entender que no se estaba justificando la realización de los trabajos. Emalsa recurrió a la justicia, que le dio la razón en enero del pasado año. El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 4 condena al Ayuntamiento a pagar las facturas del saneamiento comprendidas entre enero de 2013 y abril de 2014.
Esta resolución no fue recurrida por el Consistorio. Muy al contrario, el regidor siempre señaló que era partidario de "pagar el saneamiento" y acabar así con los impagos que iban acumulando intereses. Así, el pleno municipal aprobó el 19 de julio de 2016 una modificación de crédito por valor de 14,48 millones de euros para abonar las facturas, con los votos en contra de la oposición. Amparándose en la sentencia, el tripartito decidió pagar no sólo el saneamiento correspondiente al periodo que va entre enero de 2013 y abril de 2014 y añadió el resto de facturas que pasó Emalsa desde mayo de 2014 y diciembre de 2015.
En octubre pasado, Ciudadanos decidió poner en conocimiento de la Fiscalía lo que consideraba un "presunto delito de administración desleal" por el abono de más del doble de lo estipulado por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 4.
La Fiscalía considera que de la decisión del Ayuntamiento "se deduce la posible existencia de un delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal", por lo que ha denunciado los hechos ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, para que lo investigue. Este juzgado lleva también el proceso a 15 ejecutivos y técnicos de Emalsa por un presunto delito societario y también investiga la decisión del tripartito de darle carpetazo a la intervención de la compañía y hacer caso omiso de las conclusiones de los técnicos municipales. La Fiscalía admite en su decreto que el abono de los 14,48 millones aún no se ha realizado aún, por "estar retenido por la Intervención General" del Ayuntamiento.
El concejal de Alumbrado y Aguas, Roberto Santana, defendió ayer la decisión del gobierno municipal de abonar el pago de los 14,48 millones y consideró que con ello no se ha cometido delito societario alguno. "No hay administración desleal. La orden de pago", explicó el edil, "se hizo atendiendo a la sentencia, que era muy clara y decía que el Ayuntamiento tenía que pagar porque así lo establecían los criterios del contrato de saneamiento firmado en 1998" por el entonces alcalde José Manuel Soria.
Santana reconoció que el Ayuntamiento no ha podido pagar ni esos 14,48 millones, ni el resto de facturas del saneamiento que ha girado la empresa mixta desde mayo de 2016 hasta la fecha.
Según el concejal, el actual gobierno sólo ha pagado las facturas del periodo comprendido entre diciembre de 2015 hasta mayo de 2016, aseguró.
La interventora paralizó el abono de los 14,48 millones y el resto de facturas posteriores a abril de 2016 al considerar que el contrato establece una cantidad máxima anual, a la que no se puede aplicar el aumento del IPC, salvo que se firme un acuerdo expreso en ese sentido entre Emalsa y el Ayuntamiento, según indicó Santana, que indicó que según la intervención, "sólo se debería pagar 11 millones de euros. La interventora y la asesoría jurídica municipal entienden que la cantidad que hay que pagar es menor. Esa decisión está en trámite de audiencia, ya se ha comunicado a Emalsa y hasta tanto la compañía no presente alegaciones, no se podrá resolver de manera efectiva".
