Tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas han condenado al gobierno Tripartito de la capital grancanaria por negarse a dar la información solicitada por la asociación cívica El Sol sale para todos sobre actuaciones municipales relacionadas con el comité técnico asesor de Emalsa y la instalación de fibra óptica en la red de saneamiento de la ciudad por parte de la empresa Citynet.

El Ayuntamiento ha sido requerido en estos tres casos por los jueces para que faciliten los expedientes solicitados, pero según indicó ayer el secretario de la asociación, Agustín Bravo de Laguna, a día de hoy el Ayuntamiento sólo ha entregado uno de los tres documentos solicitados -el relativo al dossier realizado por la consultora KPMG sobre las nuevas relaciones entre el Ayuntamiento y Emalsa- pese a la órdenes judiciales, que también han condenado al consistorio a pagar las costas procesales.

El colectivo solicitó el pasado 20 de mayo de 2016, hace casi año y medio, estos documentos, junto a otros seis más, entre ellos el proyecto de la MetroGuagua, pero el Ayuntamiento sólo facilitó uno, pese a los requerimiento del Comisionado de Transparencia.

Además de los tres recursos ganados, la asociación ha decidido llevar a la vía contenciosa la negativa del gobierno municipal a informar sobre la MetroGuagua, un proceso que está pendiente de que el Ayuntamiento atienda el tercer requerimiento que le ha hecho el juzgado para que facilite la información requerida. Bravo de Laguna informó de que el Ayuntamiento no contestó al primer requerimiento; sí lo hizo al segundo, bajo apercibimiento de multa, pero respondió con un documento que no era el solicitado y que está colgado en la web de Guaguas. La asociación está pendiente ahora del tercer requerimiento del juzgado. "Guaguas Municipales nos contestó en diciembre de 2016 que no tenía el expediente administrativo" del proyecto. "Nos sorprende, explicó Bravo de Laguna, "que sea Guaguas la responsable del proyecto porque la compañía "no es un órgano competente para llevar a cabo un expediente de este tipo. Su objeto social" es transportar viajeros, recordó. De hecho, añadió, parte de los trabajos relacionados con los concursos y subastas de los proyectos y obras de los tramos se están encargando a Geursa. "Los ciudadanos", criticó, "no tienen ni idea de como es este proyecto, pese a que va a interferir en el tráfico de la ciudad y va a ocupar 100.000 metros cuadrado de la superficie del municipio. Lo que ocurre con la MetroGuagua clama al cielo. En la página web se puede ver un vídeo muy bonito para el que le gusten los dibujos animados. En él vemos que la MetroGuagua sale para el Puerto y no vuelve para Las Palmas. Nada más", sostuvo.

De forma paralela, y tras reiterar el pasado 23 de octubre al Comisionado de Transparencia que procediera a denunciar los incumplimientos, el colectivo dirigió una queja al Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuya resolución todavía espera. Fue a partir de esta solicitud de información, indicaron desde el colectivo, que "apareció publicado hace varias semanas un anteproyecto" de la MetroGuagua en la web de Guaguas Municipales.

Las tres sentencias firmes dictadas en estos dos últimos meses por magistrados de los juzgados número cinco, número uno y número tres han ordenado al Ayuntamiento que entreguen toda la documentación del expediente administrativo que avaló la creación del comité técnico asesor -tras darle carpetazo a la intervención de la compañía-, para abordar el nuevo marco de relaciones con Emalsa en función del informe elaborado por la consultora KPMG; el documento de KPMG, que fue encargado y pagado por Emalsa y el expediente de Citynet, la empresa que ha instalado la fibra óptica en la red de saneamiento de la ciudad. Por el momento, sólo se ha entregado el dossier de KPMG. Bravo de Laguna resaltó que la respuesta de los representantes jurídicos del Ayuntamiento al juez, "menosprecian nuestra solicitud de información y llegan a afirmar que no tenemos derecho", lo que a juicio de la presidenta de la asociación, Rosario Miranda, constituye una "perversión de la democracia", ya que ésta debe estar presidida por la transparencia y la participación.

En cuanto al contrato entre Emalsa y la compañía Citynet, no entienden la razón de por qué el Ayuntamiento oculta las condiciones por las que se instalaron 20 kilómetros de fibra óptica en las alcantarillas de la ciudad. José Jiménez, representante del colectivo, indicó que los ciudadanos deben saber las razones por las que el contrato se firmó con Emalsa y si la ciudad ha percibido algún dinero por el uso de la red municipal. Jiménez expresó su preocupación por el incumplimiento por parte de Emalsa de su obligación de tener un fondo de reposición que garantice la renovación de las infraestructuras hidráulicas, muchas de las cuales están llegando al final de su vida útil.