A juicio un conductor que mató a una mujer con la furgoneta de la funeraria

La mujer fue arrollada por un conductor de funeraria que no paró tras el atropello para auxiliarla porque siguió con su jornada laboral nocturna. La fiscal delegada de Seguridad Vial en Las Palmas, Cecilia Acebal, solicita una pena de tres años de cárcel para José Ignacio S. D. como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave.

El delito de homicidio por imprudencia grave está castigado con una pena que oscila entre uno y cuatro años de prisión. Cuando el castigo solicitado supera los dos años de cárcel, el conductor, si finalmente es considerado responsable de la negligencia, no sólo será inhabilitado para conducir durante el tiempo de la condena, sino que perderá la vigencia definitiva del permiso de conducción, medida que también solicita el ministerio fiscal.

Elisa Ruano Herrera murió durante la madrugada del dos de octubre de 2016. Caminaba por la GC-340 en sentido Las Torres, en la zona conocida como Las Perreras, cuando fue embestida por una furgoneta Mercedes Vito.

Recibió el golpe del vehículo por la espalda y salió despedida de manera muy violenta contra el arcén, donde chocó y perdió la vida de manera inmediata, según las conclusiones del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

Ciclista

Lo dramático del caso es que José Ignacio S. D. no se bajó para comprobar contra qué había impactado. Según su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, pensó que chocó de refilón contra un carro de la compra, pero no que había podido atropellar a un peatón. El cadáver de Elisa Ruano fue encontrado a primera hora de la mañana del domingo, sobre las 08.00 horas, por un ciclista que circulaba por Las Perreras y alertó al Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Luego, por la tarde, sobre las 17.00 horas, el dueño de la funeraria llamó a la Policía Local porque halló restos orgánicos en el lado derecho de la furgoneta, entre ellos pelos y ropa adheridos a la carrocería del vehículo, según el informe de la Unidad de Atestados que llevó la investigación. El conductor, por la mañana, sólo había informado de que había tenido un accidente, sin dar más detalles.

Los indicios, por tanto, apuntan a que el acusado pudo darse a la fuga, pero la Fiscalía no formula acusación por omisión del deber de pedir socorro al no tener pruebas sólidas de que fuera consciente de haber arrollado a la mujer.

Sí considera el ministerio público que el chófer circulaba "sin prestar la atención debida y sin adecuar la velocidad a las circunstancias del tráfico", pues se trata de una carretera estrecha y sinuosa por la que suelen transitar peatones. Eso, según la fiscal, motivó que no se percatara de la presencia de la viandante en el margen derecho de la carretera. De ahí la negligencia por imprudencia grave.

La defensa y la aseguradora, en cambio, rechazan que el conductor circulara en dirección a Las Torres con exceso de velocidad y achacan lo sucedido a las condiciones de la vía y el infortunio, por lo que reclaman la absolución.

Tampoco hay indicios de un posible consumo de alcohol antes del accidente. No sólo porque lo niegue el investigado ante el magistrado instructor, sino porque los policías municipales se entrevistaron con el camarero de un bar que atendió a José Ignacio S. D. poco antes del choque. Fue en un local de Hoya Andrea, donde se comió un bocadillo y se tomó un refresco, sin que el camarero percibiera signos de embriaguez.

Los agentes, además de los restos de ropa y los pelos hallados en la furgoneta, que quedó aparcada en el tanatorio de Las Torres tras los servicios nocturnos, también encontraron en el lugar del accidente cristales que eran compatibles con los daños del vehículo. Eso y la llamada del propietario de la empresa fúnebre motivó que interrogaran al conductor. José Ignacio S. D. admitió desde el primer momento el accidente, pero negó que se hubiera fugado y mostró sorpresa al enterarse de que había matado a una mujer. Desde entonces está en libertad provisional a la espera del juicio.

Ocho hermanos y tres hijos mayores

• El dolor de la familia de la fallecida, con ocho hermanos y tres hijos mayores de edad, fue muy intenso en el tanatorio, con muestras evidentes de condena por la actitud del chófer de la funeraria, que no detuvo su vehículo tras el fuerte impacto. La Fiscalía, para tratar de reparar ese daño, solicita indemnizaciones de 50.400 euros, 20.400 euros y 50.400 para los hijos de la fallecida. Dos de ellos vivían con su madre. De ahí que las reclamaciones sean más elevadas en estos casos. También exige 15.400 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima. La responsable civil directa de los hechos es la aseguradora Mutua Madrileña, que hasta el momento no ha abonado ninguna cantidad para resarcir el daño porque considera que no existe negligencia por parte del conductor. Como responsable civil subsidiario figura la compañía de servicios funerarios. El juicio se celebra el próximo día 12 con la declaración del acusado, diez testigos y las pruebas periciales, que serán determinantes para acreditar o no si el chófer debió circular más despacio por esa carretera.