El Juzgado de Instrucción número ocho de Las Palmas ha archivado la causa penal abierta contra Emalsa hace dos años, a raíz de varias denuncias presentadas por un grupo de vecinos del barrio de Las Majadillas, afectados por los altos niveles de ruido que emitía la planta, que empezó a funcionar en el verano de 2016. La magistrada Victoria Rosell ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las denuncias, pese a reconocer que la contaminación acústica superaba los niveles permitidos por la ordenanza municipal, con riesgos para la salud de las personas, pero no considera acreditado el delito penal por parte de Emalsa y deriva a los denunciantes a que reclamen una indemnización, por la vía administrativa a la constructora de la planta o bien al Ayuntamiento de la capital grancanaria, por haber recibido la obra sin comprobar antes su correcto funcionamiento.
La juez entiende, en consonancia con el fiscal de Medio Ambiente, que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito", por parte de Emalsa, ya que no es responsable del fallo que provocó la contaminación acústica y trabajó para corregir el problema que se encontró cuando arrancó la estación, tras una orden del consistorio. Fueron seis vecinos de Las Majadillas los que denunciaron los ruidos, que afectaron especialmente a tres menores. El ministerio público solicitó en mayo pasado el sobreseimiento de las actuaciones, "con reservas de acciones administrativas a las personas perjudicadas".
La juez considera que los vecinos afectados tienen derecho a una indemnización por los daños físicos y psicológicos causados por el constante zumbido que tuvieron que soportar durante meses y entiende que la constructora de la planta es la responsable de las deficiencias que provocaron la contaminación acústica.
Sin embargo, la magistrada cree que o bien Emalsa,a través de su seguro de responsabilidad, o bien el Ayuntamiento de la capital grancanaria "podrían indemnizar" a los afectados, aunque a posteriori actuaran contra la constructora de la planta "por las deficiencias del proyecto", para que ésta se encargara de financiar el dinero de la compensación a los vecinos.
La juez indica que realiza este llamamiento a Emalsa y la administración municipal porque quiere evitar a los afectados un nuevo peregrinaje por la jurisdicción contencioso administrativa, "habiendo ejercitado ya infructuosamente acciones civiles y penales". "Esta magistrada no puede sino lamentar el periplo al que han sido sometidas las personas afectadas, incluidos menores de edad", señala auto.
Tanto de la resolución judicial como del informe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, se desprende que la contaminación acústica se debe a un defecto de la construcción de la planta, que fue adjudicada por el Gobierno canario el 19 de junio de 2010 a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Ferrovial-Agromán S.A., Cadagua S.A. y Hermanos Santana Cazorla S.L.
Numerosas deficiencias
En los fundamentos jurídicos del auto emitido el pasado 21 de mayo se recuerda que el Ayuntamiento ordenó a Emalsa en febrero de 2016 que arrancara de manera inmediata las instalaciones de la planta y que realizara un informe de diagnosis previa.
Emalsa recurrió dicha resolución municipal y advirtió al Ayuntamiento de numerosas deficiencias que impedían la puesta en marcha, entre ellas, los defectos relacionados con el sistema de soplantes y aireadores, causantes de los ruidos.
El alcalde Augusto Hidalgo decidió recibir la depuradora en enero de 2016, de manos del Gobierno canario y director de la obra, pese a que un informe de los técnicos municipales y de Emalsa advirtieron en noviembre de 2015 de la existencia de numerosos fallos en la estación, cuya cantidad aumentó de manera notable tras el arranque de la planta en julio de 2016. El arreglo de dichas deficiencias supera los 600.000 euros, según los cálculos iniciales de Emalsa, que demandó al Ayuntamiento para que le pague por la corrección de los fallos y por el arranque y funcionamiento de la planta.
"Tales deficiencias", sostiene la magistrada, "se atribuyen al proyecto, no a la empresa mixta de gestión sino a la UTE a la que se adjudicó su construcción". Añade que todas las personas interrogadas y los informes coinciden en atribuir a los soplantes la causa de los ruidos.
El Ministerio Fiscal exime a Emalsa por no haber parado la planta, ante las quejas de los vecinos, al considerar como una "absoluta necesidad" el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tamaraceite. El fiscal rechazó la solicitud de paralización cautelar planteada por los vecinos, al considerar que ello podría haber ocasionado un problema de "extraordinaria importancia" en toda la red de saneamiento gestionada por Emalsa.
"También es innegable", continúa el auto, que Emalsa "acometió desde un principio las posibles soluciones al problema" a fin de determinar la causa, encargando diferente estudios y reduciendo el caudal de las aguas residuales tratadas , con el objetivo de aminorar las molestias.
Todo ello, sostiene, "no puede sino evidenciar la clara inexistencia de una voluntad", por parte de Emalsa, "de causar daños físicos o psicológicos a los vecinos de Las Majadillas a través del ruido ocasionado por la estación".
