Unidos por Gran Canaria y la Asociación canaria de afectados por la zona verde y azul han solicitado al alcalde, Augusto Hidalgo, por vía de Registro, que el Ayuntamiento devuelva a las personas sancionadas por el estacionamiento regulado los embargos que ha practicado a partir de la modificación de la ordenanza en 2014, y que no fueron recurridas en plazo. Tanto el grupo municipal como la asociación estiman que se utiliza un procedimiento administrativo que no es el adecuado para que los ciudadanos se defiendan porque "les condena sin más criterio que la presunción de culpabilidad", sin poder efectuar alegaciones y trámite de audiencia previa, sino que se embarga sin más. Además, ya hay varias sentencias en contra de la ordenanza y, una de ellas, "de extensión de sentencia".
En este sentido, también han pedido al alcalde que desista de apelar por los daños económicos que puede sufrir el Consistorio y, por tanto, los ciudadanos "con los intereses y las costas" si todos los afectados llegan a los tribunales.
La asociación ha recabado más de 470 expedientes, 100 de los cuales demandarán al Consistorio.
La portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, señaló ayer a las puertas de las Oficinas Municipales que la ordenanza "es injusta e ilegal", además de que los embargos afectan a familias "con verdaderas necesidades económicas" que no pueden hacer frente de golpe a las sanciones. Según el grupo, el Ayuntamiento acumuló durante años las sanciones y, en 2016, realizó los embargos sin ver la situación de los infractores. Y es que al tratarse de una tasa hay cuatro años para poderlas mandar.
Batista subrayó que los afectados "no son unos carotas como dice el alcalde", sino que viven o trabajan en zonas donde es imposible aparcar porque todo es zona azul y verde. El grupo ha solicitado la modificación de la ordenanza, incluso su suspensión cautelar en el pleno municipal que no fue admitida.
Junto a Batista estuvo la presidenta de la asociación, Beatriz Gálvez, así como un grupo de afectados. La asociación, que se puso en marcha hace poco más de un año, ha recogido 5.000 firmas contra la ordenanza que entregará en el Ayuntamiento. Gálvez anunció que se personarán en todas las medidas legales que sea preciso, después de haber agotado la vía del diálogo con el concejal de Movilidad. José Eduardo Ramírez. "Nos dijo que si encontrábamos una vía legal que se la dijéramos; y la hemos encontrado [sentencias]. Lo lógico sería hacer caso a lo que dice el juez, parar los procedimientos y buscar una alternativa legal para que la ordenanza fuera más justa. Se está incluso incurriendo en una prevaricación por omisión al incurrir en una norma que ya se ha dicho que es injusta", dijo, mientras explicó que las cantidades que se adeudan se mueven entre los 500 y 12.000 euros.
El vicepresidente de la asociación, Roberto Manuel Vera, añadió además que ya hay un precedente en el Ayuntamiento sobre la suspensión de tasas[ la de las terrazas y bares], mientras que para las de aparcamiento se oponen.
Por otro lado, el Comisionado de Transparencia de Canarias ha exigido al Ayuntamiento que dé a la Casa del Funcionario los documentos en los que se especifica la recaudación de Sagulpa por las tasas durante 2015, 2016 y 2017, así como el destino del dinero y qué montante ha ido a parar a las arcas municipales. Los afectados se preguntan a dónde va el dinero que recauda Sagulpa por este concepto. El Ayuntamiento no ha respondido aún pese a que la notificación es de abril.
