Tres Palmas, 19 de agosto de 1983. A primera hora de la mañana, un grupo de operarios del servicio municipal de abastecimiento del agua acompañados por la Policía Local y Nacional comienza a cortar el suministro ante la sorpresa de los vecinos. Siguiendo las directrices del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que por aquel entonces dirigía el alcalde Juan Rodríguez Doreste, los trabajadores procedieron a anular las válvulas y a cortar las tuberías para evitar que los residentes de la zona pudieran volver a abrir las llaves de paso. Como era de esperar, las quejas no tardaron en llegar. Las medidas vecinales tampoco. Aquel día, en la ciudad, empezó la conocida como 'Guerra del agua'. Una lucha social de más de dos meses que, 35 años después, sigue latente en la memoria de aquellos que no dudaron en salir a la calle para defender sus derechos.
Para entender estos acontecimientos hay que remontarse casi cuatro décadas atrás en el tiempo cuando el citado regidor municipal aprobó en el verano de 1981 la subida de la tarifa del agua en un 104%, tal y como recoge el libro Andrés Alvarado Janina, un comunista canario redactado por el colectivo La Subasta. Esto supuso que las familias canarias destinasen hasta un 10% de sus ingresos mensuales al pago del recibo de este servicio que, según una nota de prensa de Efe del año 83 recogido en la publicación, era el "más deficiente y caro de toda España". Pero el problema no solo radicaba ahí.
"Nosotros no teníamos un contrato con el servicio de abastecimiento para ser cobradores. Ellos le traían los 60 recibos de los vecinos de cada bloque y eran los presidentes los que se encargaban de repartirlos", explica Juan Samper, presidente de la Asociación de Vecinos Unidos de Tres Palmas que vivió en sus propias carnes la 'sequía' impuesta por el Consistorio capitalino. Los residentes del barrio contaban entonces con un plazo de diez días para abonar la cuota que, posteriormente, uno de ellos llevaba a la empresa. "Esto era un problema porque si te robaban por el camino o pasaba cualquier cosa había que reponerlo", señala.
Pero a ellos ya les estaban quitando dinero. Y es que, precisamente en ese manejo de facturas, se percataron que el grueso de los recibos de todos los residentes en cada bloque era la misma cantidad que la del contador patrón. "Así que estábamos pagando dos veces, una por cada vivienda más lo que se le aforaba a los aljibes", aclara Samper. Fue así como se inició una huelga en el pago de los recibos "que se fue extendiendo por las distintas comunidades de propietarios que exigían el cobro individual entre el Ayuntamiento y el titular de cada contador", se relata en el libro.
Ante esto, el Gobierno local intentó en numerosas ocasiones cortar el suministro, si bien los vecinos no estaban dispuestos a permitirlo. "Hacíamos sonar las alarmas de los edificios cada vez que veíamos que venían a cortar el agua y acudíamos todos para impedirlo", recuerda el líder vecinal del en el que las mujeres desarrollaron un papel vital, no solo por los escritos enviados al alcalde o los concejales Santiago Falcón o José Francisco Henríquez, también con labores de vigilancia y sentadas para defender las llaves de paso. La primera que trataron de cerrar fue la que hay ahora un poco más abajo del local donde se emplaza el gimnasio. A esa le siguieron las que hay debajo del bloque 7 y la que hay en Pedro Hidalgo donde llegaron a estar hasta las seis de la mañana contrarrestando la acción del Ayuntamiento. "Tuvimos que abrir la llave y sacar los sacos de cemento que, como en las otras, habían metido dentro para evitar que pasara el agua", rememora Samper.
Sin embargo, Rodríguez Doreste fue fiel a su palabra de acabar con el suministro de no ser saldada la deuda de los recibos antes del 18 de agosto de 1983, fecha límite impuesta tras haber derogado un acuerdo inicial por el cual la Comisión Gestora del Servicio Municipal de Aguas daba la razón a los usuarios y decidía congelar el adeudo de las diferencias entre los contadores patrones y los divisionarios tanto de Tres Palmas como de Cruz de Piedra y San Cristóbal que también se sumaron a la causa. Con el cumplimiento del ultimátum del regidor municipal comenzarían 61 meses de calvario para los moradores de los tres barrios que tuvieron que ingeniárselas para poder aguantar.
Gabriel Vega Alonso consiguió a través de un amigo un camión cisterna que les permitía ir hasta cuatro veces a Telde a por el agua que, posteriormente, se repartía entre los vecinos. Las mujeres, una vez más, eran las que más malabares tenían que hacer al ser las que más tiempo pasaban en casa. "Teníamos un barreño de agua y era sagrado", cuenta Ángela Ortega Santana cuyo marido, Manuel Parada, facilitó la situación en su edificio gracias a la roldana que colocó en la parte superior por la que todos los vecinos subían las garrafas que llenaban de agua.
Las manifestaciones, en una de las cuales resultó detenido el propio Samper, fueron otras de las medidas. Vega Alonso hasta llegó a "asaltar" al ministro de Sanidad del momento, Ernest Lluch, durante su visita a la Isla, tal y como lo habían acordado en una asamblea vecinal. "Nos atendió al día siguiente y aunque al principio decía que no era de su competencia, terminó ayudándonos porque le dije que sí que él tenía que hacer algo porque en el barrio estaban dándose casos de enfermedades infecciosas", explica. Dicha intervención se tradujo en la colocación de unos bidones de agua que hicieron el apaño, aunque muy limitado, hasta que por fin se solucionó el conflicto en el que finalmente una resolución judicial obligó a restablecer el suministro que se hizo efectivo el 28 de octubre de aquel año. De este modo, los vecinos obtuvieron unos precios razonables y facturas individuales ganando la lucha que, además de dar nombre a una de las plazas del barrio, siempre quedará en la memoria de sus moradores que no están dispuestos a olvidar su historia.
