El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha imputado los delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y fraude fiscal a cuatro de los once investigados por crear una trama de 30 sociedades para eludir impuestos mediante la emisión de facturas falsas y el lavado de dinero procedente de dos grandes constructoras, FCC SA y Comsa SA, las cuales ejecutaban importantes obras adjudicadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas o el Autoridad PortuariaGobierno de Canarias, entre otras administraciones públicas con las que estos grupos empresariales tenían contratos en las islas.
Los datos iniciales del sumario judicial, de 11 tomos y más de 10.000 folios, revelan que esta trama de entidades interpuestas ha podido blanquear unos doce millones de euros, cantidad que se corresponde con los pagos de FCC y de Comsa a las "sociedades pantalla", muchas de ellas sin trabajadores o capitaneadas por varios administradores "de paja" para ocultar sus verdaderos fines, según los informes emitidos en estos tres años de investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de Las Palmas (Grupo Blanqueo de Capitales).
Una de estas compañías, Cofhisa Obras y Proyectos, se dedicaba a la adquisición de obras de arte, un sector totalmente ajeno a los servicios de obra civil que demandaban las dos grandes constructoras. Esta entidad emitía facturas a la trama de empresas que luego prestaba servicios para FCC y Comsa, pero los únicos gastos reales hallados en la actividad de Cofhisa proceden de sus relaciones comerciales con "prestigiosas galerías de arte nacionales e internacionales", aseguran los agentes en sus conclusiones.
Ingeniería financiera
Los inspectores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), además, han cuantificado un supuesto fraude a las arcas públicas de tres millones de euros, cantidad que se corresponde con las cuotas no ingresadas por el impuesto de sociedades, todo tras aplicar las empresas su particular "ingeniería financiera" para camuflar los ingresos reales con esas facturas. También se han detectado préstamos inverosímiles para generar deudas ficticias o el uso fraudulento de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). En esas regulaciones tributarias de 2010, 2011, 2012 y 2013 se asienta la base de la investigación que dirige el magistrado Javier García García-Sotoca.
Entre la facturación cuestionada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la Administración Tributaria (AEAT) y la Fiscalía de Las Palmas figuran obras como la Ciudad de la Justicia o la ampliación del muelle de cruceros de Santa Catalina, ambas realizadas en la capital grancanaria por FCC Construcciones SA como miembro principal de la unión temporal de empresas (UTE) creada para ejecutar esos proyectos.
También se le sigue la pista a dos inmuebles construidos en Ciudad del Campo por FCC, cuyas viviendas son explotadas actualmente en régimen de alquiler, entre otras obras y bienes.
El juez instructor ha embargo o intervenido 27 vehículos, entre ellos seis motocicletas y coches de alta gama como Porsche, BMW o Audi; 99 cuadros y esculturas, con artistas de la talla de Saura, Valdés o Chillida; 280 propiedades inmobiliarias, y 11 cuentas bancarias utilizadas de manera instrumental para la realización de prácticas financieras ilícitas, con el bloqueo judicial de 320.000 euros.
La investigación patrimonial a los principales imputados fue ordenada por el magistrado en abril de 2016, pero las pesquisas comenzaron ocho meses antes, en agosto de 2015, tras querellarse la Fiscalía de Delitos Económicos contra Juan Carlos Delgado Neyra por su relación como socio y administrador de Muralla de Occidente SL y Poseidón 2012 SL; contra Manuel Álvarez Gil, también administrador de esta última entidad, y contra Fernando Hernández Ibáñez, empleado de Comsa y propietario de Cofhisa Obras, entre otras compañías con las que tiene vinculación como Uarte Obras y Construcciones SL.
El inicio de las pesquisas obedece al fraude hallado por la Agencia Tributaria en la declaración del impuesto de sociedades de esas tres empresas, pero el juez, ante los indicios de que sus responsables blanqueaban capitales con el amaño de facturas y la compra de arte, decreta el secreto de las actuaciones y pincha los teléfonos de los querellados seis meses.
Las escuchas llevan a la UDEF hasta Juan Antonio Madrigal Martínez-Pereda, un alto cargo de FCC que mantiene fluidas conversaciones telefónicas con Juan Carlos Delgado Neyra, a quien los agentes relacionan directa o indirectamente con una treintena de empresas bajo sospecha.
Según los informes de las grabaciones autorizadas por el magistrado, Delgado y Madrigal no solo son amigos, sino que tienen estrechos vínculos económicos y comerciales, hasta el punto de constituir una "auténtica sociedad de intereses". Los investigadores les sitúan en el mismo plano jerárquico para diseñar y ejecutar los proyectos.
Madrigal, en ese sentido, aporta sus contactos comerciales y su "know-how empresarial", mientras que Delgado materializa las operaciones a través de las mercantiles administradas "de facto". Los agentes les acusan de utilizar de marea "orquestada y "organizada" a "testaferros" y "administradores de paja" para blanquear dinero mediante "sociedades pantalla".
Ambos montan un "complejo entramado societario" de entidades que "parecen pertenecer a un mismo grupo empresarial" y, en la práctica, funcionan como "herramientas idóneas para delinquir y blanquear capitales". ¿Cómo? Con la expedición de "facturas de dudosa realidad" y "credibilidad", modificando, incluso, el concepto de los trabajos declarados en ejercicios anteriores, según las comprobaciones realizadas por la Administración Tributaria, las cuales se han visto corroboradas por las conversaciones extraídas de las escuchas telefónicas.
Otras actividades sospechosas eran la generación de deudas entre empresas para facilitar préstamos de "nula verosimilitud", con un flujo de dinero en efectivo de volumen "considerable", así como la transferencia continúa de fondos y la adquisición de bienes.
Entre 2008 y 2013, FCC pagó a las empresas de Juan Carlos Delgado Neyra y su entorno 8,1 millones de euros, la mayoría por facturas relacionadas con supuestos servicios prestados en la Ciudad de la Justicia, una obra faraónica que el Gobierno de Canarias adjudicó en 2006 por 72 millones a FCC y Santana Cazorla. El edificio se inauguró en 2014, con un sobrecoste que llegó a los 122 millones por los problemas de cimentación. Fue, quizá, la última gran obra del boom económico ejecutada en Canarias.
Entre las sociedades vinculadas a Delgado Neyra, además de Muralla de Occidente SL y Poseidón 2012 SL, destacan Atlantic Mogam SL, Canaroyal y Desarrollo SL, Marine Explorer SL y Stein-Block SL, todas como proveedoras de materiales y servicios para FCC en la Ciudad de la Justicia.
La otra parte de la investigación afecta al entramado societario relacionado con Fernando Hernández Ibáñez, administrador único de Cofhisa Obras y empleado de Comsa, constructora para la que facturó unos 3,4 millones de euros, también mediante métodos similares a los de Delgado Neyra, con relaciones comerciales entre Poseidón 2012 y Cofhisa. De ahí que ambos estuvieran en la querella inicial de la Fiscalía junto a Manuel Álvarez, uno de los supuestos "administradores de paja" usados por la trama para ocultar sus negocios. Luego el juez metió a Madrigal por la revelación de las intervenciones telefónicas.
Delgado, Madrigal, Hernández y la administradora de una de estas empresas fueron detenidos a finales de noviembre del año pasado, con la causa aún bajo secreto de sumario: a Hernández lo arrestaron en Madrid, donde vive, y al resto en la capital grancanaria, con el registro de sus viviendas, negocios y la intervención de sus coches y ordenadores, entre otros bienes. Luego se negaron a declarar y quedaron en libertad provisional. El resto de la trama está formalmente investigada por la policía, pero pendientes de comparecer ante el juez instructor. El secreto de sumario se levantó el pasado abril, tras casi tres años de pesquisas reservadas al más alto nivel.
