El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha señalado en rueda de prensa que la "prohibición de facto" del alquiler vacacional, en referencia a la modificación parcial del Plan General de Ordenación que se aprobó en el pleno ordinario de octubre por PSOE, Podemos y Nueva Canarias, "pone en riesgo el futuro turístico" de la ciudad. Además, asegura que este cambio en la normativa abre la puerta a cientos de pleitos y reclamaciones "por la inseguridad jurídica que genera y daña de forma irreparable a la economía local de miles de pymes de la capital".

El portavoz popular, quien estuvo acompañado de varios concejales, además de por pequeños propietarios de viviendas vacacionales de la ciudad, desgranó el contenido de las alegaciones que el Partido Popular registrará la semana próxima y que persiguen evitar "que se dé un golpe mortal" a una actividad que genera un impacto económico de más de 200 millones de euros al año en la capital grancanaria.

"Restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados, terrazas, taxis, comercios, guías turísticos, actividades de ocio€ Todos cuantos trabajan en estas actividades en nuestra ciudad se verían muy perjudicados con la medida que el Tripartito está intentando aplicar, pero no sólo ellos, también los trabajadores de reformas, construcción, rehabilitación, decoración, venta de muebles, limpieza, mantenimiento, lavanderías, seguros, gestorías. El turismo es motor económico de nuestra tierra y no se le puede pegar un tiro directo al corazón", lamentó Sabroso.

"Se pone en riesgo el futuro turístico de Las Palmas de Gran Canaria porque el 12% del turismo que llegó a Canarias en 2017 lo hizo a través de vivienda vacacional y esa cifra sigue subiendo", indicó Sabroso. "Limitar casi a residual la Vivienda Vacacional en nuestra ciudad no va a trasladar a los turistas a otras formas alojativas, sino que derivará a los turistas a otros destinos donde encuentren con facilidad el formato alojativo que desean", advierte el portavoz popular.

A juicio de los populares, con la aprobación inicial del nuevo marco regulatorio, que establece condicionantes como disponer de un acceso independiente a la vivienda vacacional respecto de aquellas otras de uso residencial o no poder convivir en misma planta o por encima de donde haya una residencia, "se daña la economía local y se impide la creación de empleo", generando además "inseguridad jurídica" en las casi 1.300 viviendas vacacional registradas en la ciudad.

El portavoz popular ha calificado este viernes de "paradójico" que mientras, a través de esta regulación, se pretende "eliminar" esta fórmula para el pequeño propietario, "este mismo marco propicia que, sin embargo, las grandes economías puedan adquirir edificios enteros y dedicarlos al alquiler vacacional".

"Quienes venían dando lecciones de estar al lado de las personas, fomentan con su regulación no solo la destrucción de los ingresos para quienes usan esta modalidad de alquiler como complemento de renta, para mejorar la jubilación o ayudar a pagar los estudios de sus hijos, sino que al mismo tiempo abren la puerta a que grandes patrimonios compren grandes edificios y se destinen a vivienda vacacional, o barrios con casas terreras como La Isleta o Vegueta se vean inmersos en una nueva burbuja inmobiliaria".

"No todos los impactos que genera la Vivienda Vacacional sobre las ciudades son positivos, aunque sin duda la mayoría lo son", señala Sabroso. La convivencia entre los hábitos turísticos y los residenciales en los mismos inmuebles o barrios puede estar sometida a tensiones, o efectos sobre el mercado inmobiliario y dificultades de acceso a la vivienda para la población residente son igualmente recurrentes.

Una correcta regulación de esta modalidad de alojamientos turísticos en la capital grancanaria puede acotar o disminuir sus posibles impactos negativos asegura el edil popular. Pero, según Sabroso, para eso habría que realizar un estudio y cuantificar las consecuencias de las Viviendas Vacacionales. De esta manera, el portavoz de los populares afirma que se debería contar con todas las partes involucradas en este sector. Los populares abogan por esta vía, pero, según aportan en una nota de prensa, el Tripartito no ha iniciado ningún estudio al respecto. "El trío Hidalgo-Doreste-Quevedo ha entrado una vez más como un elefante en una cacharrería, cortando por lo sano y cargándose una actividad sin mirar más allá de sus narices", apuntó el portavoz Popular.