Hartos de esperar y de los reiterados incumplimientos. Así se manifestaron los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ayer se concentraron delante de las Casas Consistoriales, para reclamar la devolución del dinero que se les ha recortado con la RPT de 2015, que aprobó el PP y anularon los tribunales, así como otros conceptos que se adeudan a los policías locales.
Los sindicatos cifran entre 12 y 16 millones el dinero que se les adeuda y el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, lo redujo a ocho millones. Destacó además que ya se han devuelto 20 millones. La concentración fue apoyada por UGT, CCOO, USPB, Intersindical, CSIF y SPPLB. Ayer finalizaba el plazo acordado con el Ayuntamiento el pasado mes de mayo para que se le abonaran una serie de complementos y ayudas, pero todavía tendrán que esperar al menos un mes más para cobrar una parte de lo que reclaman.
La respuesta del gobierno Tripartito a la concentración fue impedir el acceso al pleno de los representantes sindicales e incluso hubo un pequeño forcejeo entre un policía y uno de los sindicalistas, que intentó romper la nutrida barrera policial que se formó delante de las Casas Consistoriales para impedir que los manifestantes se colaran.
Antonio Santana, de COOO, achacó el bloqueo en la devolución de los recortes a la "falta de personal en el área de Recursos Humanos y también a la falta de ganas por sacar los expedientes adelante, a los que no se les da prioridad. Estamos aquí por el incumplimiento de lo pactado". Santana se quejó de que tampoco se han pagado los complementos de nocturnidad, festivos y días de libre disposición, pese a que se acordó su pago con el gobierno municipal.
Leonardo Perera, del CSIF, cifró en 12 millones el dinero que se les debe, y pidió al alcalde Augusto Hidalgo que no se escude en la Intervención, porque lo que no puede hacer Recursos Humanos es "tramitar los expedientes 15 días antes de que se cumpla el plazo de vencimiento y echarle la culpa luego a Intervención".
Perera añadió que se han presentado más de 300 demandas en los tribunales para reclamar el pago del 100% de la incompatibilidad, ya que el Ayuntamiento considera que sólo debe pagar el 50%.
"Hemos sido flexibles con la ejecución de las sentencias para no afectar a las arcas municipales, pero el grupo de gobierno ha incumplido los plazos de forma reiterada. El último plazo lo convalidamos en el juzgado y aún así no lo cumple. Llevamos todo el año insistiendo en que iniciasen los procedimientos y nada. Abrieron en julio y agosto el periodo para que la gente se acogiera a las ayudas baremadas y escolares, cuando todo el mundo estaba de vacaciones.Después hemos insistido en que abrieran el plazo para las ayudas de 2018 y lo hicieron ayer, con lo cual esas ya no se pueden cobrar este año. Es mala idea y no solo mala gestión, porque llevamos advirtiéndolo desde principios de año".
A juicio de Perera, "no se puede tener a seis personas gestionando las nóminas de 2.000 trabajadores, a lo que se añaden la tramitación de estas devoluciones. Si no refuerzan estos servicios, es imposible que esto salga a tiempo".
Sergio Melián, de Intesindical Canaria, cifró en 16 millones la deuda porque el gobierno sólo reconoce el 50% de la incompatibilidad y criticó la "ineficaz organización del personal, porque no se previó el importante volumen de trabajo que llevaba la ejecución de la sentencia, a lo que se añade la falta de personal". Al igual que sus compañeros aclaró que no todo lo que se debe a los trabajadores es achacable a la gestión del PP, como los pluses de la Policía Local y las ayudas baremadas, entre otros. "No ha habido voluntad para hacerlo, cuando llama la atención la agilidad que le imprimen a otros expedientes"
El concejal Mario Regidor , por su parte, justificó el incumplimiento del acuerdo, que fijaba ayer como último día de plazo para devolver el dinero, en "el problema habido con las ayudas sociales, que son más de 10. 000 folios de expedientes". Indicó que unos tres millones se pagarán en la nómina de este mes y el resto, "al inicio del año". Resaltó que de los 28 millones que hay que devolver, según él a los trabajadores, por los recortes de las RPT de 2014 y 2015 -ambas anuladas por los tribunales- ya se han pagado 20 millones.
"En diciembre se va a pagar una gran parte, pero no puedo asegurar cuando se podrán pagar las ayudas sociales de 2013 a 2017, porque la Intervención lo quiere fiscalizar todo y comprobar los errores previamente, aunque se retrase el pago, para no tener que regularizar después. Los acuerdos que están firmados se van a pagar".
