Emalsa cerró 2018 con casi cuatro millones de euros de pérdida. Así lo recoge el informe del consejo de administración del pasado 15 de marzo, en el que también se alude a los casi 33,3 millones que la compañía mixta reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en parte por la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de la red de saneamiento de la capital. De este modo lo explicó el concejal de Alumbrado y Aguas, Roberto Santana, quien aclaró que esta cifra se remonta a "ejercicios anteriores" al del año pasado.
El edil contó que desde 2018 y en lo que va de 2019 "se han abonado en tiempo todas las certificaciones mensuales de este contrato, en el plazo que establece la ley y con las cantidades que reconoce el Consistorio a través de la Intervención y de la asesoría jurídica". Si bien "dentro de este acuerdo hay cantidades pendiente de abono de años anteriores", señaló. El motivo, según comentó, es que a instancias de la Intervención General, la Administración local inició un expediente para revisar las facturas que estaban pendientes de pago a la empresa, si bien "Emalsa no quedó conforme con la cuantía que se les reconocía con respecto a lo que ellos pedían", por lo que decidió acudir a los tribunales. "Y hasta que la sentencia no sea firme no podemos volver a iniciar ese expediente para reconocer estas cantidades", apuntó.
Sin ir más lejos, a finales del año pasado el Ayuntamiento cifró en 18,3 millones lo que le debía a la empresa mixta por el mantenimiento del alcantarillado prestado entre mayo de 2014 y noviembre de 2015, así como de junio de 2016 a agosto de 2018. En este último periodo fue la propia Intervención la que bloqueó el abono debido a una serie de reparos que Santana negó en su momento que tuvieran que ver con la falta de justificación del servicio consignado por 4,5 millones anuales que llevó al anterior alcalde, Juan José Cardona, a paralizar los pagos de las facturas hace ya algo más de seis años.
La entidad recurrió y una sentencia del juzgado de lo Contencioso- Administrativo número cuatro les dio la razón en 2016 y obligó al Consistorio a pagar a Emalsa 6,6 millones correspondientes a los recibos entre enero de 2013 y abril de 2014. Esto fue porque la jueza consideró que el contrato de saneamiento firmado en 1998 con Sercanarias no recoge obligación por parte de la empresa de justificar la prestación de los trabajos y que es el Consistorio el que debería rescindir el acuerdo si considera que este no le permite verificar el cumplimiento del servicio, o "iniciar un proceso sancionador si sospecha o entiende que no está siendo prestado de forma adecuada".
De acuerdo a la citada resolución, el Ayuntamiento abonó los casi 6,7 millones de euros a la compañía mixta de aguas. El Gobierno local decidió entonces no recurrir el fallo judicial para negociar el montante total de la deuda y ahorrarse los intereses de demora, a pesar de lo cual la empresa pide ante los jueces 1,5 millones. En lo que a los citados 18,3 millones de deuda se refiere, a estos se le sumaron los otros cinco que Emalsa también pidió. De ellos, 2,1 se debían a intereses de demora por lo que no se abonó en el anterior mandato y los 2,8 restantes por la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC). No obstante, a principios del pasado verano socio privado y público llegaron a un acuerdo por el que el primero podría cobrar una parte de lo reclamado. La empresa aceptó entregar las facturas sin aplicar el IPC, sin renunciar por ello al resto de dinero exigido ante los tribunales.
De este modo, Roberto Santana explica que están "pagados y fiscalizados" los recibos tanto de diciembre de 2015 a mayo de 2016 que ascendían a 2,5 millones de euros, así como de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. "De diciembre del pasado año a lo que va de este Emalsa está fiscalizando las facturas a lo que el Ayuntamiento le reconoce". Y es que en 2017 la Intervenció volvió a paralizar los pagos al considerar que Emalsa aplicaba un incremento del IPC que contravenía el contrato inicial que recoge que esta subida tiene que ser fijada por ambas partes a través de una fórmula polinómica -aún no establecida-.
La empresa mixta está controlada mayoritariamente por Saur que posee el 66% de las acciones después de que el fondo nórdico EQT se hiciera con la mayor parte de la empresa y, a su vez, adquiriera el 33% que antes estaba en manos de Valoriza (Sacyr). El resto pertenece a la Administración local cuyo concejal de Aguas aseguró que las decisiones se toman "siempre defendiendo el interés ciudadano y atendiendo a los informes de la Intervención y la asesoría jurídica".
En lo que respecta al rescate del servicio, que se ha puesto sobre la mesa en distintas ocasiones, Santana arguyó que "existe un informe que encargó el anterior Gobierno local en el cual se dice que el contrato que el Ayuntamiento firmó en el año 98 cuando José Manuel Soria era alcalde está vinculado a la creación de Emalsa como empresa mixta, que eso se inició en el año 93 y que tiene una duración de 50 años". Esto quiere decir que el Consistorio "no podría rescatarlo salvo que la empresa deje de prestar el servicio o quiera dejarlo". Por otro lado, el regidor municipal, Augusto Hidalgo, ya anunció la intención de retirar el contrato de saneamiento a Sercanarias, extremo que, por el momento, no se ha llevado a cabo.
