El juez ha ordenado al Ayuntamiento de la capital grancanaria que ejecute la sentencia del 11 de mayo de 2017 que declara nula la licencia concedida para la construcción de varios dúplex de la Avenida de Ansite número 11, en La Minilla, por sobrepasar en dos metros la altura permitida en esa zona. El fallo es consecuencia de la denuncia de un grupo de vecinos de la calle García Feo, que perdió las vistas al mar debido al exceso de altura de los dúplex y que han reclamado al juez que se ejecute dicha resolución.

El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas considera que la licencia para la construcción de los dúplexs concedida en 2004, cuando era alcaldesa la popular Pepa Luzardo, contraviene las normas urbanísticas e insta al Ayuntamiento para que requiera la presentación de un proyecto de legalización de las obras irregulares, "a efectos de determinar si procede la demolición total o parcial de lo construido". El juez establece de esta manera que debe ser el Ayuntamiento el que decida si se demuele todo o sólo los dos metros de más construidos, que afectan a la segunda planta de los dúplexs ilegales que fueron promovidos y construidos por las empresas Acciona Construcciones SA (antes Necso Entrecanales y Cubiertas SA) y Realia Business SA.

Los vecinos de la calle García Feo llevan más de nueve años intentando que se ejecute la sentencia de 2010, la primera que anuló la licencia municipal que amparó la edificación irregular de los dúplex.

Desde ese año, el Ayuntamiento ha intentado buscar una fórmula que no perjudique a los propietarios de las viviendas, al considerar que estos las compraron de buena fe y no son responsables de la irregularidad.

Así, se intentó legalizar a posteriori los dúplex en el Plan General de Ordenación de 2012, cambiando el parámetro para calcular la altura, una estrategia parecida a la que se usó con la Biblioteca Pública del Estado de la calle Alcalde Ramírez Bethencourt y que al igual que aquella no funcionó, ya que el juez consideró que se había realizado ex profeso para esquivar la resolución judicial.

En concreto, la sentencia de 2017 establece que las obras de los dúplex están amparadas en una licencia que "contraviene las normas urbanísticas", al considerar que la altura máxima de las edificaciones de la parcela -14 metros de altura- no se estableció utilizando como referencia la rasante de la Avenida de Ansite, por lo que los dúplex denunciados exceden la misma en dos metros. Recuerda que el plan general vigente cuando se dio la licencia en 2004 establecía como referente para establecer la elevación la ordenanza M4. En cuanto al Estudio de Detalle realizado para la parcela 23 (DET-09 La Minilla), advierte que "es una clara dispensa de planeamiento, puesto que se establece un modo de cómputo de edificaciones distinto de la ordenanza M4, por lo que "procede declararla nula de pleno derecho".

También declara nula la ordenanza E-48 para la parcela 23 de La Minilla, que se aprobó en el Plan General de Ordenación de 2012, en la que se cambia el referente para medir la altura máxima y se coloca por debajo de la rasante de la vía pública. "La aprobación de esta ordenanza tiene el exclusivo fin de impedir el cumplimiento de la sentencia.... por lo que procede declararla nula de pleno derecho", sostiene.

La urbanización de la Avenida de Ansite número 11 comprende un total de 205 viviendas que fueron construidas en tres fases con licencias concedidas en 2003, 2004 y 2006. Los dúplex amparados en la licencia de 2004 son 61, pero no todos incumplen la altura establecida, según los vecinos.

La Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento emitió el 12 de noviembre de 2018 una resolución en la que se incoó el expediente contra los promotores Acciona Construcciones y Realia Business para que restablezcan la legalidad urbanística en la zona. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, explicó que el paso siguiente que dará el Ayuntamiento será plantear al juez la "inejecutabilidad física" de la sentencia porque "no se puede echar a la calle a estas familias", que no son responsables de la ilegalidad al "ser terceros que adquirieron las viviendas de buena fe".

Tras aclarar que se trata de una ilegalidad, que se produjo cuando era alcaldesa Pepa Luzardo, recordó que se trata de un caso parecido al de la Biblioteca Pública. "No podemos negarnos a acatar la sentencia y hemos instado a las partes para que restablezcan la legalidad, pero vamos a intentar que no salgan perjudicados ni los vecinos que compraron las casas", cuyo número desconoce, "ni los intereses municipales". Añadió que se está planteando negociar una indemnización con los vecinos que han perdido las vistas, para buscar una salida al problema.