Ciudadanos (Cs) y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC) expresaron ayer su esperanza de que el escrito de acusación de la Fiscalía contra los 15 ejecutivos de Emalsa contribuya a que la ciudad sea resarcida por el daño que le ha causado la actuación de la parte privada de la compañía mixta, a causa de la mala gestión del servicio de agua y alcantarillado.

La portavoz de Cs, Beatriz Correas, se mostró "totalmente de acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía" y consideró que el informe aportado por su partido en 2015 sobre las irregularidades de los socios privados ha "tenido gran importancia en el resultado final de la investigación", que ahora entra en una nueva fase con la apertura del juicio oral.

"Nosotros estimamos en 15 millones al año lo que la ciudad ha perdido por las irregularidades cometidas en Emalsa. El dinero de ese supuesto fraude no ha revertido en la ciudad y el gobierno tripartito ha permitido que esto continuara, porque se han comportado como marionetas y títeres de la parte privada", denunció Correas. Como muestra de ello, recordó que ni el alcalde Augusto Hidalgo ni los concejales que se sientan en el consejo de administración hicieran nada para evitar la querella de Emalsa contra Rafael Bolívar, el funcionario que dirigió la intervención de Emalsa iniciada durante el gobierno de Juan José Cardona, que fue el que impulsó la investigación judicial de los socios privados, tras presentar una denuncia en la Fiscalía en 2012.

Por su parte, Francis Candil, portavoz de CC-UxGC, recordó que muchos de los contratos denunciados por la fiscal "siguen en vigor a día de hoy, por lo que nos gustaría saber cual será la actitud y posición del alcalde y su gobierno respecto a la continuidad de esos contratos.

En este sentido, desde el Partido Popular señalaron que están a la espera de que Augusto Hidalgo valore el escrito de acusación de la Fiscalía y aclare si va a adoptar alguna decisión al respecto.