Los propietarios de viviendas vacacionales reunidos en torno a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) consideran que la nueva regulación del sector en Las Palmas de Gran Canaria favorece a los grandes dueños de suelo o de complejos turísticos y lleva a que muchos particulares se vean “abocados al cierre”, según señalan en un comunicado difundido ayer. “Prohibir la vivienda vacacional a particulares para favorecer a grupos empresariales es crear miseria para sus ciudadanos”, agregan.
La organización, que congrega a propietarios, gestores e intermediarios de este tipo de alojamientos, señala a modo de ejemplo un edificio de 48 viviendas vacacionales que una empresa turística ejecuta en estos momentos en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria. “Seguramente no será el único proyecto nuevo que salga a la luz en los próximos meses”, critican. A su juicio, la normativa aprobada por el Pleno del Ayuntamiento capitalino a comienzos del mes de agosto no tiene como objetivo paliar la falta de viviendas en alquiler que hay en la capital, sino “favorecer los intereses de algunos empresarios en detrimento de los miles de pequeños propietarios” que, aseguran, se han visto afectados.
“En estos momentos tan duros, tener que renunciar a unos ingresos vitales para muchas familias particulares es dramático”, continúa Ascav en su comunicado. La organización asegura que el cierre de buena parte de las viviendas vacacionales que existían hasta ahora en la ciudad -el cálculo es que el 95% de ellas no pueden continuar siendo explotadas como hasta ahora- no solo afecta a los dueños de los inmuebles, sino a todo un tejido empresarial que se beneficiaba de manera indirecta de los servicios de alojamiento que se ofrecían en estas casas particulares. “Ya no vale esconder tras un tupido velo las reales intenciones”, abundan.
Para Ascav, la modificación del PGO no tiene como objetivo mejorar el mercado de alquiler
Para los asociados de Ascav, los últimos datos sobre evolución del mercado de alquiler de viviendas residenciales en la capital grancanaria son una muestra de que la norma no responde al objetivo esgrimido por el consistorio para su puesta en marcha. En los últimos tiempos se ha registrado un trasvase de un 20% de las viviendas vacacionales al alquiler tradicional, según la organización, pero aun así “tanto la escasez como el precio sigue en aumento”.
Ascav basa su argumento en un estudio que la propia organización encargó al Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria y cuyos resultados fueron trasladados en agosto al alcalde, Augusto Hidalgo. El informe afirma que el alquiler vacacional “no es el único y determinante” factor que encarece el precio de las viviendas arrendadas, sino “uno más” entre muchos.
Pese a que la organización menciona en su comunicado proyectos concretos que están en ejecución en estos momentos, asegura que “en ningún momento se ha opuesto o ha criticado” la entrada de los grandes promotores inmobiliarios o turísticos en el negocio del alquiler vacacional, “ni mucho menos”. Su dardo, agrega, va dirigido a modificaciones como la de las normas pormenorizadas del Plan General de Ordenación (PGO) aprobada por la corporación capitalina, que a su juicio prohíben “la dedicación a la vivienda vacacional por particulares para favorecer a dichos empresarios”.
La nueva normativa municipal no solo perjudica “a la economía de miles de particulares y empresarios” que hasta ahora se dedicaban al sector, según Ascav. A su juicio, también atenta contra la libre competencia y “desvirtúa el modelo en sí del espíritu de la vivienda vacacional”, consistente en que un “particular alquila a particular una vivienda única y exclusiva”. La organización insiste en que “prohibir la vivienda vacacional” a los pequeños propietarios “no es digno de ningún representante político, sea del color que sea”. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, rehusó ayer realizar valoraciones sobre el comunicado de la asociación.
La norma, aprobada primero por la comisión de Desarrollo Sostenible y a continuación por el Pleno el 31 de julio, incluye una serie de requisitos para que una vivienda pueda ser destinada al uso turístico. Entre ellos se encuentran la obligatoriedad de que el edificio cuente con una entrada diferenciada para los pisos turísticos y de que las viviendas vacacionales se encuentren siempre en plantas inferiores a aquellos inmuebles destinados al uso residencial.
