Los promotores del edificio de la calle Pavía número 30, en el barrio de Guanarteme, deberán pedir una licencia para demoler los cuartos lavaderos de la cubierta de la cuarta planta y además solicitar una prórroga de la antigua licencia de 2004 para levantar un quinto piso. Así lo aseguró en el último pleno municipal ordinario el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, quien no aclaró si el Ayuntamiento dará vía libre a la pretensión de la empresa Jusan Canarias de levantar una quinta planta en el inmueble que construyó a finales de los años 90 del siglo pasado. Las 33 familias del edificio Auditorium, por su parte, han denunciado su miedo a quedarse sin los lavaderos que figuran en sus escrituras de compra-venta, después de que empleados de la empresa se presentasen en el inmueble instándoles a desalojar los cuartos situados en la azotea para hacer una planta más. Los vecinos, que han acudido a los tribunales para evitar que les tiren los lavaderos, aseguraron que se plantearon contratar un guardia de seguridad ante el temor de que la empresa entrara por sorpresa y los echaran abajo.
Los residentes, que se manifestaron a finales del pasado mes de noviembre ante las Casas Consistoriales para pedir el amparo del Ayuntamiento, se quejan también de la falta de respuesta del gobierno municipal que, hasta el momento ni los ha recibido ni les ha facilitado la información solicitada, según informan desde la junta directiva de la comunidad de propietarios. “Lo único que tenemos claro es que queremos esos cuartos lavaderos porque forman parte de las escrituras de las viviendas que compramos en su día”, señalan.
Las manifestaciones realizadas por Doreste en una comparecencia solicitada por el Partido Popular (PP) vienen a dar la razón, en parte, a los vecinos, quienes exigieron a la empresa la licencia de demolición y de construcción, cuando sus trabajadores se presentaron en el edificio para dar comienzo a las obras. Los vecinos cuestionan que la licencia de construcción siga estando vigente después de tantos años.
Después de las licencias concedidas en 1997 y 1998 con las que construyó un edificio de cuatro plantas y 33 viviendas, Jusan solicitó permiso para ampliar una quinta con 11 viviendas más y el Ayuntamiento se la dio en 2004. Según Doreste, esta licencia “sigue vigente”, porque “no ha sido declarada su caducidad. No obstante, el promotor tendrá que pedir su prórroga porque han pasado 16 años”, desde que se concedió el permiso sin mover un bloque. Aclaró que dicha licencia “no lleva implícita la previa demolición de los cuartos lavaderos construidos en la cubierta, por lo cual deberá pedir una licencia” de derribo. Y además, advirtió, Jusan tendrá que “acreditar la disponibilidad jurídica del suelo, del vuelo o del subsuelo”, que establece el artículo 342.1 de la ley. La empresa, aseguró, “no ha pedido licencia de demolición ni la prórroga de la licencia para construir en esa quinta planta. Sí sabemos que hay un conflicto entre particulares y unas sentencias”.
Según los datos expuestos por el edil, Jusan comunicó en 2008 el inicio de la obra para la que tenía licencia desde 2004, pero el edificio nunca arrancó. El tiempo pasó y cuando la empresa quiso retomar las obras se encontró con que una nueva normativa urbanística, la ordenanza M-5, impedía azoteas transitables.
Por esa razón, la promotora realizó un proyecto alternativo para esquivar la ordenanza y pidió otra licencia para construir 44 lavaderos en una falsa cubierta inclinada en la primera crujía de la fachada, pero el Ayuntamiento le denegó el permiso en 2009 amparándose en la normativa que entró en vigor mientras la promotora se decidía a hacer una quinta planta.
Tampoco se pronunció Doreste sobre la posibilidad de que los técnicos de Urbanismo vuelvan a estudiar el proyecto rechazado en 2009 de construir los lavaderos en una cubierta inclinada. “Cuando se nos pida una licencia de construcción para una cubierta inclinada, veremos. Por ahora, nos parece completamente arriesgado para los intereses municipales atrevernos a algo más. La prudencia es lo que debe regir la actuación de la Concejalía”. De momento, los vecinos están más tranquilos porque saben que la constructora no podrá tirarles los cuartos lavaderos de un día para otro, como temían, pero continua la incertidumbre sobre el futuro de unas estancias sin las cuales, aseguran, las casas “pierden habitabilidad”.
Doble rasero
Al mismo tiempo, cuestionan el doble rasero del Ayuntamiento a la hora de permitir azoteas transitables, mientras señalan el edificio que se está construyendo justo enfrente, con una altura de diez plantas y que además tendrá piscina en la cubierta.
Por su parte, el viceportavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, considera que el gobierno municipal debería optar por una solución que permita a los vecinos seguir con sus cuartos lavaderos y a la promotora construir una quinta planta. “La vía de solución”, plantea, “es hacer un convenio urbanístico como el del edificio de enfrente, porque los vecinos no se oponen a que le hagan los cuartos lavaderos en una quinta planta y la constructora quiere levantar esa quinta planta respetando el derecho de los vecinos a una cubierta transitable”.
El caso de los dúplex de La Minilla
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, indicó que ya se “estudiará” si cabe una solución jurídica al conflicto que se ha generado en el edificio de Pavía, número 30, porque, advirtió, “no vamos a prometer que con dinero público se va a resolver el problema de un constructor privado”. Doreste recordó durante su comparecencia la sentencia que ordena el derribo de la última planta de varios dúplex en La Minilla por tener exceso de altura, después de que unos vecinos denunciaran tras perder las vistas, una circunstancia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a los perjudicados porque fue el que concedió la licencia en 2004. “Queremos evitar situaciones tan dolorosas”, destacó, “como la de la Avenida de Ansite número 11, donde los jueces decidieron que una licencia dada era ilegal y obligó al derribo de una última planta”, una decisión que “ha sido terriblemente perjudicial para los vecinos que compraron de buena fe esas viviendas”. Por ello, apeló a un “principio de prudencia” hasta analizar la situación jurídica del caso de la calle Pavía para evitar que ocurra como en la Avenida de Ansite, donde “tendremos que dar una indemnización por dar mal una licencia en 2004. No podemos comprometer las arcas públicas”. | T. G.
