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Tribunales

El juez pone en jaque la construcción de las torres del Canódromo

Doreste sostiene que van a paralizar de forma momentánea la construcción de los 120 pisos y espera a que la promotora recurra la sentencia que no es firme

Imagen de archivo de cuando se reanudaron las obras en el Canódromo en 2019.

Imagen de archivo de cuando se reanudaron las obras en el Canódromo en 2019. Tony Hernández

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en jaque la construcción de las torres del Canódromo al anular la licencia que fue otorgada a Realia Business S. A. -propietaria de la parcela- por parte del Ayuntamiento. El magistrado Ángel Teba García ha resuelto estimar «íntegramente» el recurso presentado por la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción e invalidar la construcción de 120 viviendas con 165 plazas de aparcamientos y 101 trasteros en las calles Obispo Romo y Henry Dunat, en Schamann, otorgada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2006 y prorrogada en 2008 por el concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Desarrollo Sostenible.

El fallo añade que el fundamento utilizado por la asociación para recurrir el permiso de construcción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 2000 por el que se «debía motivar y justificar la ordenación que en él se estableció para el ámbito del Canódromo» fue anulado por el Tribunal Supremo (TS) en 2014, tomando en cuenta que en ese documento urbanístico se habilitaba el terreno para la construcción de las dos torres de 120 viviendas.

Edificabilidad agotada

Esto traía consigo «un considerable incremento de la edificabilidad residencial» en la zona por lo que se requería «que se explicase su compatibilidad con las apreciaciones recogidas en la memoria» del PGOU respecto a que el barrio de Schamann «es un área de edificabilidad agotada». La Federación Ben Magec Ecologistas en Acción planteó el 3 de julio de 2009 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto de medidas cautelares acordando suspender la ejecución de la licencia del 22 de noviembre de 2006 que fue impugnada y de su prórroga emitida el 5 de noviembre de 2008. Es allí cuando empieza «el periplo judicial» en el que han estado inmersos los permisos respecto a las dos edificaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocó en 2012 la medida cautelar lo que dio luz verde para que Realia Business S. A. reanudara las obras.

Sin embargo, la promotora abandonó la construcción de las dos torres que finalmente retomó 28 de agosto de 2019, lo que derivó en que la federación decidiera interponer un recurso de reposición que, según el Ayuntamiento y la empresa demandada, era inadmisible «por entender extemporánea su presentación». A lo que Ben Magec respondió con que no ejercieron ninguna acción con anterioridad porque «interpretaban» que la promotora «había abandonado definitivamente, ante el patente y muy sabido rechazo ciudadano». Detallando a su vez en el recurso contencioso administrativo «que estando las obras en curso de ejecución, los actos que la amparan podían ser recurridos en sede administrativa mientras las mismas no concluyan, y hasta cuatro años después de su finalización, al no haberse publicado ni notificado nunca a esta parte».

El concejal de Urbanismo indica que los propietarios tendrán que pedir una nueva licencia

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También advirtieron que la primera de las licencias otorgadas se hizo con sustento en el PGOU de 2000, su adaptación a la Ley de Ordenación del Territorio de 2005 y en el Plan Especial de Reforma del Canódromo de 2003, pero las obras se han estado ejecutando con sustento en el permiso otorgada con posterioridad al 2006 aunque «los informes técnicos y jurídicos que condujeron al otorgamiento de la segunda licencia se basaron en la legislación urbanística precedente y no en la que estaba en vigor al tiempo de la solicitud». El juez por su parte ha desestimado la defensa del Ayuntamiento capitalino y de Realia Business S. A. y explica que, en este procedimiento, la parte demandante puede «accionar frente a aquella ficción jurídica cuando lo tuviera a bien. Por ello no es posible observar la extemporaneidad invocada».

Paralización

Por su parte el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, Javier Doreste, ha informado a este periódico que planean actuar en consecuencia y en primer lugar van a paralizar las obras de manera temporal, aludiendo a que la empresa promotora tendrá que pedir una nueva licencia para la edificación de las dos torres en el Canódromo ajustada al Código Técnico de Edificación que no estaba vigente en 2008 cuando se prorrogó el permiso. «La licencia es un acto reglado y es su momento los propietarios ganaron», ha agregado el concejal al tiempo que añade que posiblemente tengan que otorgar una nueva autorización a Realia Business S. A. pero que, por ahora, el fallo supondrá una paralización momentánea. También ha comentado que lo más probable es que la promotora recurra esta sentencia y es que ante la misma cabe interponer un recurso de apelación en un plazo de 15 días que sería resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El magistrado Ángel Teba García también ha resuelto que una vez sea firme la resolución quedarán «pendientes» las actuaciones en cuanto a dictar un fallo correspondiente al planteamiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia sobre la «ilegalidad» respecto a las determinaciones jurídicas del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de la ciudad que dio cobertura a la licencia de las obras anuladas por esta sentencia e impone las costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a Realia Business S. A.

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