Una resolución de la Dirección General de Edificaciones y Actividades, organismo dependiente de la concejalía de Urbanismo, deniega a la empresa Valoración Ecológica de Residuos y Energía, S.L. la solicitud de licencia para legalizar la infraestructura hidráulica para eliminación de aguas residuales y lodos, para su reutilización en agricultura en el barrio de Tenoya de Las Palmas de Gran Canaria. Las obras del conocido como biodigestor fueron paralizadas por el Ayuntamiento a finales de 2017, pero en las últimas semanas los vecinos alertaron que la citada entidad estaba retomando los trabajos en la zona.
El documento, al que ha podido acceder este periódico, señala que el proyecto que ahora ha presentado la citada entidad es «en su formalización», en cuanto a planos de obra y usos, «igual» al trámite al que se le denegó licencia en noviembre de 2018 por medio del mismo organismo municipal al no ajustarse al Plan General de Ordenación (PGO). La parcela, situada en la finca de La Montañeta en el Camino a Casa Ayala, está clasificada como de suelo rústico con protección agraria e incluye un estanque protegido dentro del catálogo de patrimonio etnográfico del Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, señaló a principios de septiembre que llevaría a fiscalía la reanudación de las obras del biodigestor. A pesar de esto, y de la resolución dictada en contra de la citada entidad por parte de la Directora General de Edificaciones y Actividades -publicada este lunes- los trabajos han continuado estos días en las instalaciones, según los vecinos de la zona. El documento precisa que la entidad puede recurrir ante Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses una vez hayan sido notificados al respecto.
El proyecto del biodigestor de Tenoya fue autorizado en un primer momento y llegó a contar la Calificación Territorial otorgada por el Cabildo y denegada posteriormente en mayo de 2017 tras comprobar que la actividad que pretendían instalar allí era de mayor envergadura y que no se ajustaba al uso agrario permitido en esta parcela de uso rústico. A finales de ese mismo año los trabajos fueron paralizados por parte del Ayuntamiento capitalino. Ya en junio de 2018, la planta fue desautorizada por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno canario.
En marzo de 2019, el Cabildo volvió a denegar la obtención de la Calificación Territorial al proyecto, en este caso ya modificado con la intención de regularizar las obras ya iniciadas -y paralizadas por ese entonces-. En cuanto a la Dirección General de Edificaciones y Actividades del Ayuntamiento resalta una serie de incompatibilidades del proyecto con el ordenamiento vigente, a pesar de ni siquiera haberlo valorado «de forma exhaustiva» al carecer de los trámites previos -de las otras administraciones- que den viabilidad a la intervención.
Según estipula la resolución de Urbanismo, el edificio principal del biodigestor tendrá el equivalente a dos plantas vistas sobre rasante, por lo que incumple con la altura máxima permitida en el actual PGO. Por otro lado, se han modificado los bancales de cultivo, de tal manera que eliminan la vegetación acuática y planteándose ahora como meras balsas de agua, hecho que deriva según el documento en un «importante cambio paisajístico». La entidad añade, además, dos áreas de maniobra y acceso que no estaban previstas en un principio.
Estas dos últimas actuaciones, alegan, «afectan al paisaje y la pérdida de áreas de cultivos». Consideran que son intervenciones que van en contra del PGO al ir en contra de los valores medioambientales de una zona protegida. El Ayuntamiento también rechaza el modificado de las obras en el estanque catalogado, pues la cubrición del proyecto nuevo sobresale «ligeramente» del muro antiguo, algo que va en contra de la resolución dictada por el Consejo Municipal de Patrimonio en 2013.
Por lo que ha podido conocer este periódico, la empresa Valoración Ecológica de Residuos y Energía presentó este año un contencioso administrativo al entender que había un «silencio» administrativo por no obtener «dentro de plazo» la respuesta en cuanto a la denegación o no del proyecto modificado. Dicho procedimiento judicial les resultó favorable, aunque sin entrar en el fondo del asunto, por lo que el Ayuntamiento deberá recurrir ahora.
Los vecinos de Tenoya llevan desde 2017 reclamando el desmantelamiento de la planta de tratamientos de lodos y restos de cultivos agrícolas. Pero la causa se encuentra estancada en el tiempo. El biodigestor es una planta de biogás que está diseñada para tratar lodos y restos de cultivos agrícolas. En el proceso de transformación de los residuos -el cual se lleva acabo en un tanque cerrado herméticamente- es capaz de generar metano y dióxido de carbono, entre otros gases. Según un informe de Sanidad, «no se puede capturar todo el gas que se produce», por lo que «una parte se escapa a la atmósfera», con el consiguiente peligro.
