El juzgado de primera instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) por "abuso de derecho" en su decisión de llevar a cabo un desahucio por precario a un hombre con una discapacidad física y psíquica del 95% de la casa que fue cedida en precario a su madre, cuidadora del mismo, en Miller Bajo, ya que la vivienda que tenía adjudicada en La Feria no reunía las condiciones para la vida de su hijo. Según la sentencia, que se ha dado a conocer este lunes, la decisión de la empresa pública "supone un claro ejemplo de abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo, con grave daño además para un tercero".
El caso de Leonor Pérez Rodríguez fue muy conocido en su momento, cuando contó cómo tenía que subir a las espaldas a su hijo, que en ese momento tenía 40 años, tres plantas en su vivienda de La Feria porque no contaba con ascensor. Fue tan sonado en los medios de comunicación, que Visocan se reunió con ella en 2015 y firmaron un contrato de cesión en precario de otra vivienda tutelada en Miller Bajo, un bajo sin barreras arquitectónicas en el que podría residir su hijo en las visitas que hacía a la familia los fines de semana y en vacaciones, ya que se encuentra interno en un centro de tutela en El Lasso desde 2001. Esa cesión duraría hasta que se le concediera otro lugar de residencia adaptado, o se solventaran los problemas en el domicilio que tenía concedido la mujer.
Según el abogado, el Ejecutivo regional "no ha cumplido el acuerdo" suscrito con esta familia
Leonor muere en febrero del año pasado a causa de un cáncer, después de varios años de lucha contra diversos tumores, y es su hija Mónica la que pasa a ser tutora legal de su hermano discapacitado. Es en mayo cuando Visocan impone una demanda de desahucio contra la mujer al entender que había entrado a ocupar la vivienda que le fue cedida a su madre para que pudiera convivir en ella con su hijo. El abogado de la mujer, Antonio Hernández, ha expresado que la empresa pública "no ha cumplido el acuerdo, no le ha ofrecido ninguna otra vivienda ni lo ha permutado con la suya propia", por lo que ese desahucio en precario "supone que le están quitando la casa a un discapacitado" y le obligan a vivir el resto de sus días "en un centro, como si estuviera encarcelado".
Mala fe
Según la sentencia, el contrato estipula claramente, en sus preceptos IV y V, que Leonor tenía una vivienda con barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad al inmueble de su hijo y que, por este motivo, se le cede otra vivienda que no presenta estas barreras mientras "se adjudica o permuta una nueva vivienda protegida" para ella. Algo que todavía no se ha producido, por lo que ese contrato sigue manteniendo su vigencia.
El juez que instruyó el caso también ha estipulado que la principal razón por la que se cedió a Leonor esa vivienda en Miller Bajo fue su hijo gravemente discapacitado, por lo que su muerte no significa, en ningún caso, que el derecho sobre ese inmueble haya decaído, ya que la actual cuidadora del hombre pasa a ser su hermana, que mantiene el régimen de visitas al hogar familiar.
Según el abogado de la demandada, esta decisión judicial "está poniendo en entredicho la política de vivienda del Gobierno de Canarias" y admite que Visocan obró "con mala fe" al requerir el desalojo de esta familia.
