El sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado iniciar el proceso para actualizar las tarifas ante el incremento en el precio de las materias primas, sobre todo del combustible, en los últimos meses. Y es que la capital grancanaria es la gran ciudad de España con los precios del taxi más bajos, entre las 56 que fueron estudiadas en un reciente informe. Por ello, han abogado por comenzar cuanto antes el proceso burocrático, que es largo, para poder aplicar esas modificaciones antes de que termine el presente año, ya que de no ser así se tendría que comenzar con el procedimiento desde cero.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de la Provincia de Las Palmas (Atat), Francisco Reyes, explicó a este periódico que el gasto mensual en combustible ha pasado de los 350-400 euros de principios del año pasado a los 470-520 euros que están pagando en la actualidad. «De alguna manera, tenemos que trasladar eso a las tarifas para paliar un poco la situación», se escudó para luego recordar que, según un estudio económico del Ayuntamiento capitalino del pasado año, el déficit del sector era de 47 millones de euros en aquel momento, por lo que en 2022 la cifra se habrá incrementado, sobre todo «en medio de la crisis en la que estamos inmersos ahora mismo».
Según anunció Reyes, el área de Movilidad del Ayuntamiento de la ciudad se ha mostrado dispuesto a iniciar todo el procedimiento, que en primera instancia requiere la elaboración de un estudio económico que señale, efectivamente, que existen motivos sobrados para modificar los precios. Una obligación que viene de una transposición de una directiva europea en 2015 y que afecta a todos los precios que tienen una vinculación pública para evitar que puedan exceder lo estipulado. No obstante, el presidente de Atat puntualizó que este informe ya se solía hacer cada vez que se planteaba un cambio de tarifas antes que lo estipulara como obligación la Unión Europea, por lo que no les pilla por sorpresa.
El procedimiento requiere un informe económico previo que ha de pasar por varias instituciones
En tal caso, es necesario comenzar con dicho estudio económico «de toda la situación y los parámetros que componen la tarifa, para luego sacar las conclusiones». Y una vez finalizado este primer paso, para el que son necesarios los datos anuales aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Concejalía de Movilidad tendría que redactar su propio informe técnico y llevarlo al departamento jurídico para que le dé el visto bueno, tras lo cual se llevaría a su aprobación en pleno. Tras los 15 días pertinentes antes de levantar acta de la sesión, se remitirá el documento a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, que lo pasaría a su vez a la comisión de precios para que haga la valoración correspondiente y dé el visto bueno o plantee correcciones. Si esto último ocurriera, tendrían que ser comunicadas al sector del taxi, que las estudiará y decidirá si asumirlas o no. Y ya entonces, se podría publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), quedando aprobada la modificación tarifaria. «En el mejor de los casos, es un proceso que puede demorarse entre cuatro y seis meses», resumió Reyes.
Por ello es más que necesario que se inicie el estudio económico a la mayor brevedad, utilizando los datos actualizados del INE, puesto que si varía el año antes de que finalice el proceso, tendrán que empezar desde cero con las nuevas estadísticas del año en curso y se perdería todavía más tiempo en esta situación «urgente», tal y como la calificaron desde el sector.
«No pretendemos ser de los más caros, pero sí actualizar para paliar la crisis», defiende Reyes
Reyes defendió que la intención del sector no es «estar entre las ciudades más caras de España, pero sí que nos actualicen las tarifas para poder afrontar la situación». En ese sentido, remarcó que Santa Cruz de Tenerife se encuentra 13 puestos por encima de Las Palmas de Gran Canaria, que es la última de la lista, superando incluso a otras urbes que tienen condiciones de vida similares o peores, como pueden ser Ceuta o Melilla. Aunque reconoció que los precios bajos «son un atractivo» para mucha gente, no cree que se puedan sostener mucho más tiempo, mas «sin excederse» para no provocar un efecto contrario y que la ciudadanía deje de coger taxis.
Del informe del taxi que hizo público el pasado año el Consistorio capitalino, se extrae una conclusión clara: es necesario incrementar el precio del servicio para acabar con el déficit desbocado que presenta. Esa es la intención de estas negociaciones que comienzan desde ya, con reuniones entre el sector y la administración pública. Todo ello con el objetivo de tener un documento suscrito para el verano.
