La Fiscalía de Las Palmas ha anunciado que se querellará contra Pablo Quintero, exjefe de gabinete del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, por el supuesto episodio de acoso sexual a una trabajadora del Ayuntamiento capitalino. Quintero fue destituido el pasado mes de noviembre por Augusto Hidalgo después de que la presunta víctima comunicara el caso. Posteriormente los servicios jurídicos del Ayuntamiento trasladaron la información al Ministerio Público.
«Tras culminar la investigación iniciada a fin de valorar los hechos puestos en conocimiento por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación a una conducta, en apariencia ilícita, cometida sobre una empleada del propio Ayuntamiento, ha procedido a formular querella al entender que los hechos denunciados pueden constituir delito de acoso previsto en el artículo 184 del Código Penal», detalla la Fiscalía en un comunicado.
Después de conocer los hechos el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria procedió a la destitución «fulminante» de su entonces jefe de Gabinete, su mano derecha en el Ayuntamiento desde las elecciones del 2015. La trabajadora del Consistorio comunicó el caso y posteriormente el secretario personal del alcalde informó a Hidalgo. Tras esta circunstancia el Ayuntamiento inició el protocolo previsto en los casos de violencia machista y dio la instrucción a la supuesta víctima de que se marchara a su casa para su protección. Se trataba de la primera vez que el Ayuntamiento activaba el protocolo por acoso sexual puesto en marcha en 2020.
Reunión
Antes de destituirlo Hidalgo llamó a su despacho a Quintero y tras esa reunión tomó la decisión definitiva de cesarle de sus funciones. «Quedó medianamente claro que la confianza, que es el elemento fundamental para la persona que tiene que estar a mi lado trabajando, quedó absolutamente quebrada y no quedaba otra opción que el cese automático y fulminante. Saquen ustedes sus conclusiones sobre lo que ocurrió en esa conversación», aseguró Hidalgo en su explicación de los hechos.
A la vez que fue cesado de su cargo de confianza por parte del alcalde los servicios jurídicos del Ayuntamiento recabaron toda la información posible sobre el caso y la trasladó a la Fiscalía para que tomara las medidas oportunas.
Ahora el Ministerio Público alude al artículo 184 del Código Penal, el cual en el segundo punto se refiere a los casos de acoso sexual cometidos «prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación». En estos supuestos, «la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses».
