El 29 de junio del año pasado, la Policía Local ordenó la clausura de la actividad de venta de materiales de construcción por parte de tres empresas en una finca rústica situada en una zona protegida para la actividad agrícola de Las Majadillas. Casi un año después, Manuel Suárez Marrero, vecino del barrio, denuncia que las empresas de venta de mercancías Fidel Cabello Díaz y Transportes Rivero Macía e Hijos siguen realizando "trabajos ilegales" en la propiedad. "Yo fui hace tres meses a la puerta de la propiedad y cuando llegó uno de los camiones no me moví hasta que llegó la policía", denuncia Suárez Marrero.
Por su parte, ambas empresas niegan el desarrollo de la labor empresarial en el terreno, en el caso de la primera desde 2014 y, por parte de Transportes Rivero Macía e Hijos, desde hace dos años, cuando falleció su propietario, aunque reconocen que entran y salen de la propiedad sin volver a las actividades previas. "Son acusaciones de un señor que la tiene cogida con nosotros desde hace varios años porque a nadie más le molesta ni tiene problemas con nuestra empresa", aseguró Cabello Díaz.
"Estamos cerca de cumplir el año y no hay manera alguna de que estos señores se vayan", asegura el denunciante
La tía de Suárez Marrero era hace años la propietaria del terreno de 6.000 metros cuadrados, dividido ahora en tres parcelas de 2.000 metros cada una. Cuando falleció, el lugar pasó a manos de un señor cuya empresa quebró, por lo que fue a parar al banco, que se las vendió a las empresas denunciadas. Los terrenos que rodean a estas tres propiedades pertenecen a la familia del vecino, que advierte de que dos de sus hermanos, que viven en la zona, están enfermos y "la carretera está toda desarmada de baches, de ruidos y de camiones, que suben y bajan todo el día".
"Están denunciados en el Diputado del Común, en Medio Ambiente, en el Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, Policía Local, Ayuntamiento… Solo me falta ir al Vaticano a ver al Papa", aseguró Suárez Marrero, que está cansado de presentar las quejas. El vecino afirmó que la semana pasada vio entrar en una de las propiedades una "cuba con unos 5.000 litros de carburante para abastecer un depósito grande para su maquinaria" y pide que se vayan a realizar la actividad a un polígono industrial.
Suárez Marrero también cuestionó la actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, en específico, del concejal de Urbanismo, Javier Doreste. El año pasado, tras el último precinto, Doreste aseguró que si se rompía el precinto otra vez "pasaremos el expediente a la Fiscalía". Sin embargo, el denunciante añadió que "estamos ya cerca de cumplir el año y no hay manera alguna de que estos señores se vayan".
El concejal aclaró que, en caso de que el vecino comunique los nuevos incidentes al Ayuntamiento, mandarán a un técnico para comprobar si es cierto que se ha roto el precinto de las propiedades. "Si es así, se trata de un delito que comunicaremos a la autoridad judicial correspondiente", aseguró Doreste.
Las primeras denuncias a la finca se emitieron hace unos 15 años, declaró el vecino, por parte de uno de sus hermanos. Desde entonces, se queja de que han acudido en numerosas ocasiones la Policía Local y el Seprona para frenar los trabajos y que, desde 2013, se ha precintado el lugar varias veces pero "las empresas han roto el precinto y han seguido adelante con las actividades".
Si se ha roto el precinto "se trata de un delito que comunicaremos a la autoridad judicial correspondiente", aseguró Doreste
"Ellos hacen labores de hierros, cementos y bloques. A lo mejor entra una plancha grande con 15 palés de bloques, lo descargan y luego van viniendo camionetas pequeñas de distintas ferreterías", se quejó el denunciante. "Están desarrollando una labor que no se puede. Por más que se lo digan esto ha llegado incluso a los juzgados y ellos han recurrido pero se lo han denegado todo".
La parcela que pertenece a las tres empresas se erige sobre un suelo que antes abarcaba todas las fincas de los alrededores, conformando un terreno de casi un millón de metros cuadrados. El lugar se destinó durante mucho tiempo a la agricultura, con una extensión considerable de plataneras que se regaban con el agua de la presa, que hoy está seca. En los alrededores de la finca se encuentra la Residencia Canina Majacan y viviendas particulares de la familia Suárez Marrero.
«Nosotros lo que queremos, y en especial yo, que soy como el portavoz de los 14 hermanos, es que cierren la actividad en este lugar. Es un suelo protegido, aquí no pueden desarrollar esto, lo que se puede hacer es plantar plataneras», concluyó el vecino.
