Puertos de Las Palmas: El Estado desmonta la querella de la jefa de Dominio Público contra Ibarra

Puertos del Estado no ha detectado ninguna anomalía en el expediente que tramita la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) para resolver la ampliación de la concesión solicitada por la petrolera Terminales Canarios en sus instalaciones de La Luz.

En ese expediente administrativo, que arranca su tramitación en 2015 con la solicitud de la empresa, se basa la ex jefa de Dominio Público para querellarse contra el expresidente Luis Ibarra por los delitos de prevaricación, acoso y coacciones, entre otros. 

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La denunciante asegura que sufrió presiones para cambiar el sentido de un informe y, ante su negativa a mediar a favor de Terminales Canarios, fue cambiada de departamento como «sanción encubierta», sintiéndose luego perjudicada en su prestigio profesional por las explicaciones públicas de Luis Ibarra para justificar el traslado.

Conflicto de intereses

El entonces presidente de la Autoridad Portuaria, tras uno de sus últimos consejos de administración, reveló que existía un conflicto de intereses en el Departamento de Dominio Público, pues el marido de la jefa del servicio es ingeniero y suele trabajar para las empresas del puerto, con indicios de una posible vulneración de su deber de abstención.

La querellante, sin embargo, sostiene que ese asunto se archivó a su favor, sin la existencia de sanciones ni reproches judiciales a su actuación, acusando a Ibarra de resucitar el conflicto de intereses y el supuesto trato de favor como represalia por negarse a cambiar de criterio en el proyecto de Terminales Canarios. Una interpretación de lo ocurrido que choca ahora con el informe de Puertos del Estado.

El dictamen, que lleva fecha del pasado 17 de mayo, es favorable de ampliar la concesión a la empresa en 9 años, 10 meses y 6 días, dando por buenos los cálculos de la inversión comprometida para prolongar el tiempo de ocupación de los terrenos en La Luz.

Sentencia a favor de la empresa

Esos cálculos fueron realizados por Idom, una entidad externa a la que recurrió la Autoridad Portuaria para revisar el expediente y avanzar en su tramitación. Ese paso no fue arbitrario, sino motivado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada en mayo de 2022. 

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El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tras dar la razón a Terminales Canarios, obligó a Ibarra a retrotraer el expediente y replantearse el criterio seguido. Hasta ese momento era contrario a la ampliación de la concesión porque los informes técnicos consideraban insuficiente la inversión propuesta.

Tras esa sentencia del TSJC, Idom analizó el proyecto y dio por buena la inversión planteada por la empresa, que asciende a 3,9 millones de euros. Los cálculos de esos importes, tras revisar todo el expediente, han sido avalados ahora por Puertos del Estado.

Solo una condición

El máximo órgano portuario informa a favor de la ampliación del plazo, con la condición de que la compañía haga una entrega de fondos adicional de 60.000 euros, cantidad necesaria para cubrir el 20 % de la inversión inicial actualizada a la fecha de solicitud, tal y como exige la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Es la única puntualización que hace el organismo al trabajo de Idom.

En la querella, que es tramitada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, también están investigados el director del Puerto, Francisco Trujillo, y la jefa de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez. Ambos, junto con Ibarra, han negado que el cambio de puesto de la empleada esté relacionado con la tramitación del expediente de Terminales Canarios.