El juez no ve delito en la actuación del director del Puerto de Las Palmas en una terminal de Arrecife

La actuación del director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo, durante la concesión a Boluda Maritime Terminals (BMT) de una parcela en el Puerto de Arrecife estuvo ajustada a la legalidad. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Puebla, ha dictado un auto de sobreseimiento por el que ordena el archivo de la querella presentada por Terminal Marítima de Arrecife (TMA) en la que se le acusaba de prevaricación administrativa.

Los hechos se remontan a 2021, cuando la compañía de la corporación marítima Boluda obtuvo la concesión de una parcela en el muelle oblicuo de Arrecife para explotar una terminal de contenedores, suelo del que hasta entonces había hecho uso la empresa Paukner a través de una autorización temporal. La querella, en esencia, argumentaba que durante la tramitación de este expediente se habría cometido el ilícito penal. 

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De acuerdo con la querellante, las bases del concurso estaban preparadas para expulsar a Paukner y facilitar la llegada de BMT a través de condiciones que solo podría cumplir esta entidad. Además, Trujillo habría ocultado información de relevancia -la realización de un dragado en el fondo del muelle que facilitaría las maniobras marítimas y por lo tanto redundaría en una mayor rentabilidad de la parcela- a todas las empresas interesadas menos a la que finalmente obtuvo la concesión. Por último, TMA argumentaba que BMT había recibido una licencia para operar con mercancía particular a la que no tendría derecho, y que no reunía en su momento las condiciones para participar en el concurso.

Recorrido del expediente

Trujillo, que compareció en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el 16 de mayo, negó categóricamente haber cometido delito alguno, según recoge el instructor en el auto, dictado el 23 de mayo. En su testimonio, el director de la Autoridad Portuaria detalló el recorrido del expediente desde que notificó a Paukner que no podía seguir explotando la parcela bajo el régimen de autorización temporal hasta que el suelo fue finalmente concedido a BMT. 

En ese lapso, Paukner solicitó una concesión de dominio público, tras lo que se inició un trámite de competencia de proyectos al que se presentaron dos empresas, entre ellas BMT. Este procedimiento derivó en un posterior concurso público, aunque Trujillo manifestó ante el juez que no participó en la redacción de sus bases, ya que de eso se encargan otros departamentos de la Autoridad Portuaria como el de Dominio Público o el Jurídico.

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En relación con la supuesta inviabilidad física y económica de la parcela, el director de la Autoridad Portuaria alegó que la empresa está explotando la parcela desde el año pasado y desarrolla su actividad de manera favorable. El director corporativo para Canarias de BMT, Javier Climent, corroboró este aspecto durante su comparecencia como testigo de la causa ante el juez instructor.  

Licencia a Boluda

El director del Puerto también indicó que el dragado del muelle al que aludía la querella no es un proyecto que esté previsto y que, en cualquier caso, «es algo que a él no le concernía», según recoge el auto. Con respecto a licencia, Trujillo señaló que se trata de un acto reglado que ha de ser otorgado si el solicitante cumple los requisitos. 

Tras escuchar a Trujillo y al testigo, el magistrado no halla justificación para continuar la investigación o la práctica de diligencias: «no existe», según argumenta, «indicio alguno de la comisión de un delito de prevaricación o de cualquier otro relacionado con la corrupción». La tramitación del expediente fue correcta, «sin que se adviertan errores groseros, irregularidades u otros actos que cuestionen la legalidad de los mismos».

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