La negativa de los alcaldes a ceder parte de los fondos que les corresponden a los ayuntamientos por la subida de medio punto del IGIC impide destinar 25 millones de euros más a políticas sociales, entre ellas en vivienda y en la prestación canaria de inserción. Era una partida que no estaba dibujada en el proyecto de presupuestos de 2020 que ultima la Consejería de Hacienda, pero sí existía la confianza de que los municipios atendieran esta petición para reforzar el gasto social de la Comunidad Autónoma.
