El nuevo Estatuto de Canarias que se aprobará mañana en el Senado se va a convertir en pionero en España al recoger muchas de la reivindicaciones que los movimientos ciudadanos han llevado en los últimos años al atril político. Derechos en política de igualdad, de protección a todos los tipos de familia, a la identidad de género y de orientación sexual o lucha contra la pobreza y la exclusión se definen con más precisión que en los textos legislativos de otras comunidades autónomas y se insta de una manera más contundente a los poderes públicos para su aplicación. De hecho, pese a que en el documento que se remitió por el Parlamento de Canarias ya se incluían varios de ellos, ha sido durante la tramitación parlamentaria en el Congreso a lo largo de los últimos meses cuando realmente se han identificado muchas de esas reivindicaciones.
El hecho de que la nueva carta magna canaria triplique en número de artículos al texto hasta ahora en vigor, pasando de 65 a 201, tiene que ver en buena parte con el esfuerzo en los ponentes, tanto en el Parlamento regional como en el Congreso, de trasladar al texto esa nueva sensibilidad, y muchos de los elementos que marcan los cambios en la mentalidad de la sociedad canaria y española desde los tiempos del primer Estatuto de 1982 y su posterior reforma de 1996.
Así, el texto en el Capítulo I del Título I (de los derechos, deberes y principios rectores) compromete a los poderes públicos a la defensa de "la igualdad de trato y la no discriminación por sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". También se insta a implementar "acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas", así como al compromiso explícito por la tolerancia, la paz y la cooperación al desarrollo". En el Capítulo II se desarrollan elementos que van desde la familia, con una referencia expresa a sus "diferentes modalidades", a situación de los menores y mayores, pasando por la discapacidad y la dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la educación, el acceso a la vivienda, o el ámbito de las relaciones laborales.
Una de los derechos más llamativos reconocidos es la llamada renta de ciudadanía, estableciéndose que "los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de sus servicios públicos".
Respecto a las personas en situación de discapacidad y de dependencia, el Estatuto garantiza en el artículo 15 su derecho a una vida digna e independiente, el fomento de su desarrollo personal y social, la supresión de las barreras físicas y legales y la calidad de los servicios y prestaciones especializadas, así como al uso de la lengua de signos para las personas sordas también en sus relaciones con la Administración.
En materia de políticas de igualdad entre hombre y mujeres, el artículo 16 garantiza la "igualdad efectiva" en el ámbito público y privado, y que velará por la conciliación de la vida familiar y profesional. También insta a adoptar medidas para "educar en valores de igualdad, no sexistas", así como en políticas de "protección integral a las víctimas de la violencia machista, prestando especial atención a las medidas preventivas". En relación con el "derecho a la orientación sexual", el texto señala que los poderes públicos canarios "reconocerán, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no discriminación por este motivo o por su orientación sexual".
Otra novedad de alcance por el salto cultural que supone es el reconocimiento del derecho de los animales. Así, en el artículo se establece que las administraciones públicas canarias "velarán por la salvaguarda de los animales, además de reconocerles como seres que sienten".
Hay también un reconocimiento del "derecho a formular instrucciones previas" (artículo 19) para "declarar libremente de forma anticipada" la voluntad de las personas "sobre los cuidados y los tratamientos y, en su caso, sobre el destino de su cuerpo y los órganos del mismo" cuando, llegado el momento, aquellas no se encuentran en condiciones de expresarlas personalmente.
En el ámbito de la salud, el nuevo Estatuto dedica un amplio artículo (el 18) para el reconocimiento de derechos que van desde el acceso a los servicios y prestaciones del servicio público sanitario, a la elección de personal médico , pasando por unos tiempos razonables en la atención, servicios y tratamiento.
En el ámbito medioambiental y de sostenibilidad, el artículo 25 señala que "todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible, sin contaminación y respetuoso hacia la salud y a gozar de los recursos naturales y del paisaje terrestre y marino en condiciones de igualdad, realizando un uso responsable de los mismos".
